Luego de un año de suspensión por la pandemia, se reinició el proceso para llevar a juicio a Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración

El 28 de febrero de 2020 el fiscal Eduardo Taiano acusó a la ex procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el caso en el que fue procesada por la compra del edificio de la calle Perón al 600 donde funciona parte del Ministerio Público Fiscal. El 3 de marzo de 2020 la acusación estuvo disponible para que las defensas de los imputados la comenzaran a estudiar.

Las defensas pidieron una prórroga para contestar, que les fue otorgada por el juez Julián Ercolini. Luego se suspendieron los plazos para la contestación que debían realizar las defensas por la feria extraordinaria decretada por la pandemia de coronavirus. En este tiempo se tuvo que digitalizar toda la causa, la documentación no reservada y cada uno de los incidentes. En los últimos días se volvió a emplazar a las partes para que contestaran la acusación.

En octubre de 2017 Ercolini -luego de una investigación que fue delegada en Taiano- había procesado a Gils Carbó y a otras personas por defraudación contra la administración pública debido a la compra del edificio de la calle Perón al 646, que fue pagado $43.850.000.

La firma vendedora fue Arfinsa, del Grupo Bemberg, encabezada por Adrián González Fischer. Esa compañía a su vez le pagó $7.000.000 de comisión a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry por el asesoramiento para la operación. Jaureguiberry le pagó por otro asesoramiento en la licitación al productor de seguros Juan Carlos Thill la suma de $3.000.000. Thill resultó ser medio hermano de Guillermo Bellingi, quien desde su cargo de subdirector de Administración de la Procuración condujo el proceso licitatorio que terminó con la venta del edificio.

En abril de 2017 Infobae publicó uno de los documentos más relevantes del caso vinculado a la compra del edificio de la Procuración: la factura del cobro por parte de Thill. Esa factura demostraba que la inmobiliaria le había pagado al hermano de Bellingi por tener acceso directo a quien manejaba el proceso licitatorio. El monto exacto de la comisión cobrada el 12 de julio de 2013 fue de 3.019.054 pesos equivalentes a unos 560.000 dólares de entonces.

Cuando en 2018 la Sala I de la Cámara federal confirmó el procesamiento, los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que, no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio se adquirió en valores lógicos y la millonaria comisión fue pagada por la empresa privada que vendió el inmueble. Sin embargo determinaron que sí hubo direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada mediante el dúo conformado por los hermanos Bellingi-Thill.

En su acusación, a la que accedió Infobae- Taiano estableció –tal como lo había determinado la Cámara- que Gils Carbó y Bellingi deben responder en un juicio como autores del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. En tanto Thill, Jaureguiberry y González Fischer fueron considerados partícipes necesarios en el mismo delito.

El artículo 265 del Código Penal que tipifica el delito de negociaciones incompatibles con la función pública señala: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

Cuando acusó a los imputados, el fiscal señaló que “En los hechos analizados, Alejandra Gils Carbó y Guillermo Bellingi, aprovechándose de la función que ocupaban dentro de la Procuración General de la Nación, insertaron un interés privado, que en el trámite de las contrataciones públicas investigadas, significó el acaecimiento de una serie de irregularidades que culminaron con la adquisición del edificio Cangallo. Su interés obedeció al anhelo de contar con el edifico Cangallo para desarrollar sus actividades en función de sus excepcionales características, y por otra parte al provecho económico que suponía la intermediación en la transacción inmobiliaria, al igual que los particulares que se beneficiaron con la misma”.

Taiano explicó cuál fue la responsabilidad de Gils Carbó: “Como procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó tenía a su cargo la gestión y el control de la totalidad de las licitaciones. Por tal motivo, era necesaria su convalidación en los actos administrativos dictados por los funcionarios que tomaron parte y concluyeron en la adjudicación de la Licitación Pública nro. 1/20 13. De igual forma, aprovechó su rango y las aspiraciones que tenía respecto del edificio donde serían mudadas sus oficinas, para propiciar la participación de la empresa Arfinsa en aquella contratación, firma con la que poseía contacto desde tiempo antes de asumir su cargo. Con esta predeterminación, la nombrada asignó a Guillermo Bellingi la trascendente tarea de gestionar y manejar todo lo relativo a las contrataciones del organismo, quien respondía de modo directo y exclusivo a ella”.

El fiscal agregó que “Guillermo Bellingi se encargó de hacer todo lo necesario para que Adrián González Fischer de la firma Arfinsa cuente anticipadamente con el Pliego de Bases y Condiciones de las licitaciones públicas del año 2012 y 2013, y que de ese modo maneje información calificada. A su vez, contó con la intermediación de su propio hermano Juan Carlos Thill y Bárbara Jaureguiberry como representante de la inmobiliaria, quienes cobraron una inusitada suma de dinero”.

Taiano pidió que fueran a juicio Gils Carbó, Bellingi-que fue exhonerado de la Procuración-, Thill, Jaureguiberry y González Fischer. Y solicitó el sobreseimiento de Héctor Gustavo Alonso, Héctor Blas Zurita,IorgeDaniel Dománico, Osvaldo Leguizamón, Ignacio Costa Urquiza, Pedro Antonio Donato Viceconte, Roberto Daniel Martino, Ricardo Urbano Siri y Rubén Daniel Otero, quienes quedaron desvinculados de la causa.

En 2017 luego de su procesamiento Gils Carbó renunció al cargo al que había legado en 2012. Se jubiló y desde julio del año pasado está al frente del área de Derecho de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

En los últimos días se retomó el trámite iniciado el año pasado para que el caso sea enviado a juicio oral y público. No es inmediata la resolución. Pasará un tiempo y luego de resueltos los planteos de nulidades que seguramente harán las defensas, el caso será sorteado para que un Tribunal Oral Federal realice el juicio.

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