La Auditoría General de la Nación (AGN) puso en marcha una investigación para corroborar el cumplimiento de los contratos de adquisición de vacunas y el Plan Estratégico de Vacunación, según lo acordaron los integrantes de este organismo de control en la sesión del Colegio de Auditores.
El organismo es presidido por un dirigente de la oposición, el radical Jesús Rodríguez, y está compuesto por representantes de las mayorías parlamentarias. Por el PRO es auditor Miguel Ángel Pichetto, quien participó de la conferencia de prensa en la que Juntos por el Cambio reclamó la interpelación del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y una auditoria sobre los contratos con los distintos laboratorios.
En la sesión del Colegio de Auditores que tuvo lugar el miércoles se aprobó avanzar con auditorías respecto al Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 y también sobre los contratos firmados por el Estado argentino para la compra de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, que ya se aplican en el país. La decisión se tomó a una semana de que se conocieran irregularidades y privilegios, como la vacunación de diez personas en un despacho del Ministerio de Salud, en el Hospital Posadas y en otros centros de salud, gobiernos provinciales y municipios por fuera de los grupos estratégicos habilitados.
El encuentro fue presencial y con estricto protocolo. Participaron el presidente de la AGN y los auditores generales María Graciela de la Rosa, Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva. La AGN ya tiene entre sus facultades auditar la compra de vacunas contra el COVID-19 en el marco de la Ley 27.573 que establece el control sobre los contratos firmados.
El Programa de Acción Anual (PAA) es la herramienta que se presenta al Congreso de la Nación, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, para hacer operativas las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico Institucional de la AGN 2018-2022.
Ese programa establece las prioridades para 2021, como las temáticas vinculadas a la pandemia COVID-19 y sus impactos en la Administración Pública Nacional; la adquisición de vacunas y el plan de vacunación COVID-19; y también otras auditorías vinculadas con el Presupuesto y la actividad financiera en el ámbito de la ANSES respecto del programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que buscó aliviar los efectos de la pandemia y el aislamiento social decretado por el Gobierno que impactó en la actividad económica y los ingresos de millones de trabajadores.
Otro tema que será auditado es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que el Gobierno creó para complementar sueldos de empleados del sector privado que se vieron afectados por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio contra el COVID-19.
En ese programa se apuntaron como prioridades examinar las compras y contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, que se incrementaron para asistir a comedores, organizaciones y ciudadanos en el marco del aislamiento. También los gastos del Ministerio de Salud que asimismo subieron y las medidas de prevención, mitigación y alertas tempranas, en la fase previa al impacto provocado por la pandemia.
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