Presentaron una denuncia para que también se investigue cómo se administró la vacuna en la provincia de Buenos Aires

El escándalo del “vacuna-gate” llegó a la provincia de Buenos Aires. Una denuncia penal se radicó este lunes en los tribunales de La Plata para que se investigue al ministro de Salud Daniel Gollán y a todos aquellos que pudieran haber recibido la vacuna por fuera del protocolo. La presentación reclama además que se intime a la provincia a hacer público el listado de todos los que recibieron la dosis de la Sputnik V.

La denuncia fue radicada por el senador de la provincia de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y la abogada Florencia Arietto, quien fue funcionaria de Seguridad en la última parte de la gestión de Cambiemos. En la presentación, se reclamó investigar el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de caudales públicos, en virtud del decreto 41/2021 que designó al ministro de Salud de la Provincia a cargo del operativo de vacunación.

En el marco del proceso, la presentación insta a que se intime “de manera inmediata” al gobierno de la provincia de Buenos Aires a la apertura de los datos vinculados a la vacunación. “De esta manera podría conocerse el tamaño del daño y el alcance delictual; se conocería, así, a quiénes se ha inoculado la vacuna, transgrediendo las pautas establecidas y consumando esta degradación ética”, afirma el texto de la denuncia a la que accedió Infobae.

Además, pidieron que se cite al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que se constituya en querellante. “Resulta de extrema gravedad institucional, además de condenatorio ética y moralmente, que funcionarios y civiles en general que no se encontraban en el grupo de riesgo prioritario se hayan inoculado una vacuna que –se reitera- al momento resulta escasa incluso para satisfacer la demanda de ese propio conjunto de personas predeterminado”, se sostuvo.

En particular, la denuncia apunta a analizar lo actuado por “el titular de la cartera de Salud provincial, como autoridad sanitaria responsable de llevar adelante la campaña de vacunación en la provincia de Bs. As” porque tiene entre sus funciones la responsabilidad de la “calificación, inscripción y certificación de las personas que soliciten su incorporación al ‘Plan provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19’” en el marco de la emergencia sanitaria.

“Durante los últimos días se han conocido diversos y alarmantes casos de personas que recibieron la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en grave violación al orden establecido por la normativa que procura –con criterio epidemiológico incontrastable- la inmunización de la población provincial con un orden dado –básicamente- por la complementación de dos variables: el riesgo y la escasez de vacunas. Así, entonces, al día de hoy en nuestro distrito debe seguirse el plan de vacunación inicial informado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, se indicó.

Y señaló que “ante la ausencia de un registro público de beneficiarios de la vacuna referida, circunstancia esta que motivó la presentación de un proyecto de ley por parte de un grupo de legisladores bonaerenses que advirtió las irregularidades cometidas y con riesgo de escalar en gravedad, es que nos vemos en la obligación de presentar aquí un menú de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación que dan cuenta de los hechos descriptos para que usted promueva la investigación indispensable”.

Como ejemplo, la denuncia repasó los nombres de “personas indicadas como beneficiarias presuntamente irregulares de la vacuna” según distintas publicaciones en redes sociales. Allí se mencionó a Claudio Arévalo, secretario general de ATE Quilmes; Mayra Martínez, licenciada en Biotecnología, funcionaria de la Dirección de Bromatología del Municipio de Quilmes; Nahuel Ezquieta, director de Zoonosis del Municipio de Quilmes; Jonatan Konfino, secretario del Municipio de Quilmes; Leandro Cardonetti, subsecretario de Salud del Municipio de Quilmes; y Javier Ibarra, empleado municipal de Berisso.

La lista añadió a militantes del Frente de Todos; funcionarios del Municipio de Navarro, denunciados por concejales; a jóvenes de 18 años siendo vacunados por personal de Salud en Chivilicoy; a Jorge Yuse, integrante del movimiento Evita (divulgado en su propia cuenta de Instagram), y Santiago Maggiotti, ex intendente de Navarro y actual secretario de Hábitat de la Nación (divulgado en su propia cuenta de Instagram). También aparecen Javier Recaite, empleado municipal de Navarro e Ignacio González, referente de la agrupación La Cámpora y ex candidato a intendente de Saliqueló.

“Como podrá advertirse, de las publicaciones puede inferirse que actualmente el sistema y el programa de vacunación se encuentran grave y penalmente violentados, al punto de que no es posible para el ciudadano confiar en que exista correlato entre lo declamado por las autoridades provinciales y la realidad. Más aún: si a esta altura algo está claro es que de ninguna manera se está cumpliendo con lo normado”, se afirmó.

Seguí leyendo