El Riachuelo en pandemia: controles ambientales suspendidos, viviendas sin entregar y las cifras de una contaminación que persiste

Los análisis de ACUMAR reflejan que el icónico cauce mantuvo sus altos niveles de contaminación. Avances discretos en una zona en la que viven más de 4 millones de personas y 500 mil están en riesgo

En la cuenca del Riachuelo, la contaminación permaneció en sus niveles altos y habituales, según las cifras oficiales de Acumar.
En la cuenca del Riachuelo, la contaminación permaneció en sus niveles altos y habituales, según las cifras oficiales de Acumar.

Desde que empezó a ser utilizado hace 200 años como pozo ciego para desechos por la industria saladeril, el Riachuelo nunca logró ser saneado. Aunque nadie lo esperaba, tampoco el año de la pandemia trastocó los destinos del emblemático cauce. Y podría haber ocurrido. En muchos países, la caída del consumo de energía y de emisiones de dióxido de carbono ocasionados por las cuarentenas representaron un “alivio” ambiental. Para la región de la cuenca del Riachuelo, donde viven cerca 4.500.000 millones de personas, solo se trató de un año más.

Desde el fallo “Mendoza” del 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado con jurisdicción en la cuenca Matanza-Riachuelo avanzar en soluciones por el daño ambiental. Con ese fin, se creó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un paquete de 14 acciones para atender la compleja problemática socioambiental de la cuenca.

Sin embargo, los avances fueron discretos desde entonces. Según los últimos datos oficiales de 2020, la contaminación permaneció en sus niveles altos y habituales, sin poder cumplir los estándares mínimos de calidad ambiental. Incluso, varios de los controles previstos no se pudieron realizar debido a las restricciones del aislamiento obligatorio de la pandemia. En toda la cuenca, unas 502.398 personas viven en zonas urbanas de riesgo alto y muy alto por los déficit socio-ambientales, mientras que 700 familias viven en los márgenes del Riachuelo.

En principio, las autoridades y técnicos de Acumar, que lidera Martín Sabbatella, tienen objetivos más acotados que la búsqueda de un ambiente balneario donde se pueda nadar y pescar. Es lo deseable, pero la meta primaria de gestión es que los cursos de agua sean aptos para realizar “actividades recreativas pasivas”, es decir poder contemplarlos sin tener un contacto directo. A este tipo de indicador, el PISA lo define como “Uso-IV”. Pero esos parámetros tampoco se alcanzaron y obtuvieron el nivel más bajo desde 2010, a pesar de las acciones implementadas y las particularidades del monitoreo en pandemia.

Las industrias siguieron volcando

“El canal Millán (...), una vez tomada y envasada la muestra, comenzó a descargar un vertido de características visuales particulares, de color blanquecino y grasosa. No se pudo tomar una nueva muestra por falta de instrumental. Sin embargo, se dio aviso a las áreas pertinentes para que tomen las medidas necesarias”, señala uno de los reportes ambientales que se hicieron durante el 2020. Un botón de muestra de los tóxicos y elementos extraños que se pueden encontrar en el agua del Riachuelo.

Los expertos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) consideran que existen tres fuentes principales de contaminación en la región: la industrial, la cloacal y la causada por residuos sólidos, entre ellos, los basurales. La combinación de estos factores impacta sobre la calidad de vida de los millones que habitan en la cuenca hídrica.

En el área de influencia existen unos 8.000 establecimientos industriales. Durante el último empadronamiento efectuado en 2019, el sistema de autoregistro arrojó 5.266 establecimientos. De ese grupo, unos 1.000 vuelcan allí sus desperdicios.

“Entre ellos, 370 que fueron declarados Agentes Contaminantes (AC) aún conservan esa condición”, precisó a Infobae Bruno de Alto, director general ambiental de Acumar. Son 805 las fábricas y empresas industriales que emiten sustancias dañinas a la salud, pero no todas vuelcan.

“De los que vuelcan, no todos lo hacen con el mismo volumen de efluentes líquidos ni con el mismo grado de potencial contaminante. Uno de los objetivos estratégicos que hemos fijado es el de controlar de manera automática y en línea a las aproximadamente 80 empresas que son responsables del 90 % del volumen de vuelco”, agregó de Alto.

El método de control son monitoreos a distancia e inspecciones con tomas de muestras de los efluentes. Los vecinos también reclaman. En septiembre pasado hubo uno de esos casos. Después de clausuras preventivas, denuncias repetidas y un allanamiento judicial, se cerró de manera definitiva una curtiembre clandestina en Piñeyro, en el partido de Avellaneda, por violar la normativa ambiental.

Una curtiembre clandestina que fue clausurada en Piñeiro, ubicada en la cuenca del Riachuelo.
Una curtiembre clandestina que fue clausurada en Piñeiro, ubicada en la cuenca del Riachuelo.

Los controles del Estado son modestos. Con el recambio de administración a fines de 2019, solo había 30 planes de adecuación ambiental en las 807 plantas con agentes contaminantes. “Durante el 2020 se lograron 2 adecuaciones y que los planes de adecuación en trámite asciendan a 105″, señaló Bruno de Alto. “Estamos intimando formalmente, mediante comunicación oficial, a dichas empresas a que lleven a cabo el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los Planes de Adecuación (PA) necesarios para que su actividad no tenga característica de contaminante”, agregó.

A lo largo del aislamiento obligatorio (ASPO), los establecimientos fabriles apenas redujeron su actividad en un período corto de tiempo. Por lo tanto, “los cambios en los cuerpos de agua van a ser la última variable en modificarse frente a cambios en los ecosistemas”, señaló el director general ambiental. Mientras tanto, se firmó un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTI y empresas privadas para instalar equipos automáticos para que midan en tiempo real el caudal y la calidad de los vuelcos de las empresas. La intención también apunta a que los establecimientos implementen, en cooperación con la UTN, un sistema de autocontrol de sus descargas a los efluentes. La idea es que estén en marcha en 2021″, indicaron.

Las conclusiones de la campaña 2020

El año pasado, Acumar llevó adelante tres campañas de monitoreo de los indicadores más relevantes de la cuenca del Riachuelo, que registran la calidad de agua superficial, sedimentos, y aire. Estos estudios no se pudieron hacer de manera completa a raíz de la cuarentena, por lo que no son “equivalentes” con años anteriores. Es decir, las muestras “ad hoc” recolectadas sobre el índice de calidad de agua superficial (ICA) son ilustrativas del estado de la cuenca durante la pandemia de COVID-19, y recién habrá resultados completos para las mediciones trimestrales de marzo y julio de 2021.

Ante la consulta de Infobae sobre la influencia en los niveles de contaminación, Bruno de Alto respondió que “los cambios observados en la calidad del agua no son directamente atribuibles a las medidas de ASPO, sino que se deben más tanto a variaciones estacionales como a las escasas precipitaciones observadas durante 2020″.

La conclusión del informe sobre la calidad de agua superficial es que no hubo modificaciones significativas en valores como oxígeno disuelto (OD), uno de los elementos del análisis claves para identificar el desarrollo de vida acuática. Para alcanzar ese estadio, es preciso detectar 4 a 5 mg/L en ese indicador de manera sostenida, un estándar que continúa sin ser alcanzado. “Los resultados durante la campaña de agosto 2020 resultaron en su mayoría similares a los que suelen encontrarse durante esta época del año”, señala el reporte sobre la muestra.

En sus estudios, Acumar mide si las muestras registran 2mg/L de OD, uno de los 10 parámetros físico-químicos vinculados al “Uso IV” del ecosistema que apunta a la realización de “actividades recreativas pasivas”. De las campañas de junio y agosto, solo en 4 de 20 estaciones se cumplieron esos niveles de oxígeno disuelto. Según los analistas, hubo “dificultades generales” para cumplir con los estándares en “prácticamente todos los puntos monitoreados”.

Si bien no es comparable por el tipo de análisis limitado por el ASPO, el nivel de cumplimiento de calidad de agua en 2020 alcanzó su registro más bajo desde abril de 2010. De los 20 sitios de muestreo, solo 1 cumplía condicionalmente con el uso IV de calidad de agua, y de los restantes, 9 no cumplían con al menos uno de los parámetros, en tanto que 10 no pudieron ser monitoreados.

Los resultados fueron más negativos en la cuenca baja, que cuenta históricamente con mayor deterioro ambiental. En los icónicos sitios de Puente La Noria, la desembocadura del Riachuelo y el Puente Alsina, donde hay tres puntos de muestreo, la conclusión fue que el nivel de oxígeno disuelto encontrado “no permite el desarrollo de la biota esperable”.

Otro dato típico registrado fue la presencia de bacterias. “La carga bacteriana es elevada en los 20 sitios seleccionados para esta campaña”, apunta el monitoreo, que detectó coliformes fecales y Escherichia Coli en la muestra de agosto. “En relación a la cantidad de unidades formadoras de colonias se concluye que en los tres puntos de muestreo mantienen elevada concentración para un cuerpo de agua natural”, precisó el estudio ambiental. De acuerdo a estos niveles, un entorno de agua dulce es apto para el uso recreativo directo si la escherichia coli cuenta con un nivel máximo de 573 UFC/100 mL. “En las aguas del Riachuelo dichos valores se superan en todos los casos”, concluye el monitoreo.

El deterioro ambiental y el impacto en la salud

La existencia de los basurales a cielo abierto y un inadecuado tratamiento de los residuos son factores de riesgo para la salud de la población.

Según la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos del organismo, de enero a noviembre de 2020 se retiraron 52.518,43 toneladas de residuos. En lo que refiere a la limpieza de los márgenes del Riachuelo, unos 18 cooperativas de trabajo -integradas por 592 cooperativistas- retiraron 23.306,30 toneladas. La Acumar destaca este tipo de trabajo en cuadrillas, ya que lo observa como un mecanismo de inclusión que genera fuentes de trabajo desde la propia comunidad, y al mismo tiempo, se incorpore una mirada de educación ambiental.

“Hoy el indicador principal de éxito no tiene que ser cuántas toneladas de residuos se recolectan del cauce principal, sino cuántas toneladas de residuos se recuperan para el sistema productivo”, definió Bruno de Alto.

En relación a la limpieza de basurales, hubo un retiro de 26.468,39 toneladas, mientras que otras 2743,74 de desperdicios que se removieron de la superficie del agua. De Alto informó que se hizo un trabajo de recuperación de las riberas, con la liberación del camino de sirga en un 88% de obstrucciones desde las cuatro bocas hasta la Ruta 4. Además, se concretó la limpieza de 185 km de las márgenes del cauce principal y arroyos, junto con 22 km de remoción de residuos flotantes entre el Puente La Noria y la desembocadura del Riachuelo.

De los 59 buques hundidos entre Puente Nicolás Avellaneda y el Puente Pueyrredón identificados por el fallo de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, faltarían removerse unas tres embarcaciones pendientes “que la anterior gestión no financió”. “El presupuesto plurianual 2021–2023 de ACUMAR tiene previsto su cuota parte para el cumplimiento”, puntualizó De Alto.

Desde Acumar admiten que las tarea de erradicación de basurales y de limpieza es incompleta por la complejidad de la cuenca. Es que parte del problema está vinculado con las condiciones de habitabilidad y de trabajo de las personas que habitan la región.

Uno de los puntos de muestreo en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Uno de los puntos de muestreo en la cuenca Matanza-Riachuelo.

Las empresas que contaminan no son el único peligro al que se ven expuestas las poblaciones, sino que, en gran medida, la exposición se relaciona con la actividad laboral “informal” como acopio de chatarra, baterías de autos, quema de cables”, sostuvo María Andrea Dakessian, directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar. “Esta situación no se resuelve con la relocalización, sino con educación ambiental y a través de programas que impulsen la generación de empleo verde sustentable o sostenible, entre otras políticas públicas saludables”, puntualizó.

Dakessian apunta que son 502.398 personas que habitan urbanizaciones emergentes categorizadas como de riesgo alto y muy alto, según el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental de ACUMAR. El número es aproximado y “podría ser aún mayor”, aclara. Este grupo está expuesto a una o más amenazas, como las condiciones inadecuadas de vida, no tener acceso a agua ni cloacas, manejo inseguro de la basura, contaminación atmosférica, suelos contaminados, la presencia de industrias contaminantes, entre otras.

Unas 10.069 personas son supervisadas por las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (Eisaar). En estos operativos se pueden identificar los “casos” de niños con vacunación incompleta, poblaciones con enfermedades crónicas no controladas y atender cuestiones de infraestructura básica en las urbanizaciones.

No todas las situaciones requieren la relocalización de las familias, ya que en muchas situaciones se puede evitar la exposición brindando apoyo a través de soluciones habitacionales que permitan a las familias obtener mejores condiciones de hábitat sin tener que dejar su lugar de pertenencia ni sus vínculos cercanos, aclaró Dakessian.

Durante 2020, Acumar midió el índice de calidad del hábitat de arroyos urbanos USHI (Urban Stream Habitat Index), como parte de la campaña de monitoreo del agua superficial. El indicador varía de cero a diez, siendo el valor más alto de diez una mejor calidad de hábitat. Se trata de un trabajo de campo recientemente implementado, que apunta a medir el deterioro ambiental de los afluentes por la presencia de basura y escombros, edificaciones, alteración de los arroyos y existencia de plantas acuáticas, entre otros factores.

Las conclusiones del registro no habilitan dudas. De las 15 estaciones relevadas, el 20% presentaron condiciones de hábitat “muy malas” y el 63% “malas”. Solo presentan “condiciones moderadas” el 27% de las áreas analizadas.

Cloacas, plomo y calidad de vida

Todo la región carece de instalaciones cloacales adecuadas. Apenas el 50% de la población cuenta con acceso al servicio, lo que impacta junto a la contaminación ambiental, al tener que eliminar de manera informal los desechos urbanos y domiciliarios.

Sin embargo, en 2020 hubo algunos avances en materia de obras en plantas de tratamientos cloacales de Cañuelas, Lanús, Laferrere o en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. La más importante es la mega obra de “Sistema Riachuelo”, que cuenta con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y está prevista su finalización estar finalizada en 2023. El año pasado se concluyeron 1,5 km del “Tramo Transporte” del Emisario Riachuelo o “hinca de risers”, con la instalación de 34 difusores para el tratamiento de los líquidos.

En el acceso al agua potable, los registros son algo mejores, pero se está lejos de lo deseable. “Para que se alcance el 100% de la cobertura, será imprescindible el previo acompañamiento de la urbanización de todos los sectores vulnerables”, indicó Bruno de Alto. Con ese fin, el pasado 21 de diciembre se realizaron relevamientos en barrios sin infraestructura y acceso como Villa Tranquila, Alianza, Isla Maciel, Villa Inflamable y La Saladita.

El Índice de Calidad de Vida (ICV), según datos de la Acumar de 2019.
El Índice de Calidad de Vida (ICV), según datos de la Acumar de 2019.

La ausencia de infraestructura acorde también impacta en la calidad de vida. Acumar mide este indicador en función a cuatro dimensiones (vivienda, educación, salud y entorno). Según el organismo, en el área que involucra a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se registran los valores más altos de calidad de vida, mientras que en La Matanza aparecen los valores más bajos. El factor “entorno” es lo que más se deterioró entre 2016 y 2019, nuevamente en La Matanza, pero también en la Ciudad de Buenos Aires.

La mejoría en la calidad de vida se manifiesta en otro variable, como la medición de la valores de plomo en sangre de la población. En 2020, se detectaron valores menores, con un 13% de disminución de las plombemias en las personas con exposición confirmada.

“La variación depende de las mejoras en las condiciones de vida, así como del cumplimiento de las recomendaciones higiénico dietéticas del equipo especializado en seguimiento de casos con plombemias elevadas oportunamente. Sin embargo, los niveles de plomo no son indicadores que permitan medir directamente la efectividad de las acciones de cuidado en salud”, precisó Maru Dakessian.

En general, desde Acumar reconocen que los datos vinculados a la relación de los factores ambientales y su impacto en la salud “se basan en los operativos realizados y en la pesquisa en sistemas de información”, como el Eisaar, que “son de por sí sesgados”.

“Hay un déficit de información sobre todo la generada en el subsistema privado y de obras sociales. La propuesta de avanzar hacia un sistema integral de salud aportaría datos más cercanos a la realidad que permitan realizar un análisis epidemiológico acorde que sirva de base para la toma de decisiones”, subrayó Dakessian.

Entre las cuentas pendientes permanece una deuda histórica con el déficit habitacional. El fallo “Mendoza” obliga al Estado a realizar 17.771 viviendas para las personas relevadas en ese momento que estaban en riesgo ambiental. Doce años después de la sentencia, se entregaron 4.932 soluciones habitacionales, y en 2020, apenas 356. Mientras tanto, más familias pudieron haberse radicado en cuenca Matanza-Riachuelo, por lo que la cifra inicial no sea suficiente para resolver la problemática. Pero tampoco existe una expectativa de que se vaya a cumplir rápidamente la manda judicial.

“Es sabido que estos números duros son metas establecidas sobre un proceso absolutamente dinámico como es la dinámica poblacional, planteó María Laura Rey, directora de Ordenamiento Territorial de Acumar. “El plan de reactivación que se está llevando a cabo a nivel nacional prevé la reactivación de cerca de 2000 soluciones habitacionales que se encontraban en situación de paralización desde el año 2016″, concluyó.

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