Formosa: denunciaron violencia estatal contra miembros de comunidades wichis que intentaban cobrar subsidios provinciales

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional de Formosa denunció que la policía maltrató y detuvo a miembros de comunidades wichis que se manifestaban para poder cobrar sus respectivos subsidios provinciales. Así, la APDH expresó “su gran preocupación”, a la vez que repudió “enfáticamente las acciones de represión a hermanos wichi desde El Chorro hacia arriba, en María Cristina y Santa Teresa”.

Sucede que a raíz del bloqueo de rutas que impuso el gobierno que encabeza Gildo Insfrán, debido a que decidió regresar a la fase 1 en el marco de la pandemia de coronavirus, las comunidades quedaron aisladas e impedidas de trasladarse a las localidades más cercanas que cuenten con un banco para poder retirar el dinero. Por ello, decidieron manifestarse para solicitar que, al menos, pusieran a su disposición un cajero móvil. Pero la policía provincial respondió con violentas detenciones, que por ejemplo quedaron registradas en un video filmado en la localidad de San Miguel.

“Miembros de esas comunidades vienen solicitando desde el bloqueo sanitario la implementación de un cajero móvil para percibir sus haberes, por lo que hicieron un corte de ruta. Esta acción, a la que se vieron obligados a recurrir, obedece a una actitud de silencio e indiferencia de las autoridades políticas como de falta de respuesta de las autoridades bancarias. Esto no es una novedad, las comunidades están agotadas por ese mecanismo de espera permanente al que deben acostumbrarse”, expresó la APDH en un comunicado.

“Inmediatamente después del corte se desató una represión con gran cantidad de camionetas y efectivos policiales, más un camión tipo unimog. Entraron a buscar a las personas en sus casas y se los llevaron detenidos por la fuerza”, continuó la denuncia.

“La urgencia de la amenaza de la pandemia tiende a invisibilizar la situación en la que viven las comunidades originarias, quienes padecen las mayores brechas en sus condiciones de vida, niveles de pobreza y en el grado de vulnerabilidad sanitaria frente a los no indígenas. También persisten en los pueblos originarios de la provincia inequidades que dan cuenta de los obstáculos en los accesos a la salud, la justicia y a numerosos bienes y servicios que dan confort a la vida en comunidad”, concluyó el escrito.

Estas acciones violentas se sumaron a la denuncia que el sábado pasado recibieron el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, por propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos. Eso sucedió después de que se dieran a conocer algunos videos desde el interior del Estadio Cincuentenario de la capital provincial, que funciona como un centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con Infobae, funcionarios provinciales rechazaron las acusaciones y aseguraron que en el lugar se cumplen con todas las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la abogada y concejala de Formosa capital Gabriela Neme, quien radicó la denuncia, aseguró que en el centro de atención sanitaria se encuentran no solo pacientes con COVID-19, sino también personas que aún no recibieron el resultado de su hisopado. La letrada, que se comunicó con personas que se encuentran en el lugar, afirmó que casi no hay distanciamiento entre sanos y contagiados y que hasta comparten el mismo baño.

“Hago la denuncia por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal porque están propagando la pandemia. En el Cincuentenario están todos juntos y tienen el patio vallado. No los dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, explicó Neme a este medio.

A través de las redes sociales comenzaron a circular algunos videos grabados desde el interior del Estadio Cincuentenario. Además de ciertas discusiones entre las personas que se encuentran allí aisladas, se puede escuchar a una mujer hablándole entre lágrimas a una médica. Ella estaba acompañando a sus dos hijos: uno de ellos había sido hisopado pero todavía no tenía los resultados, por lo tanto no le permitían retirarse: “Miren estos baños señores, ¿dónde están nuestros derechos? -pregunta la mujer- Necesito el resultado de manera oficial. Llevo 48 horas esperando que la página diga que mi hijo dio positivo de COVID. Mi hijo está sano. ¡Viene una profesional y no me quiere decir ni la matrícula, ni el nombre ni el apellido!”.

“En estos centros de privación de la libertad no se respetan los dos metros de distanciamiento social, no hay margen para la ventilación, no se respeta el ámbito de la privacidad y la intimidad y no hay baños propios”, enfatizó al respecto el senador de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff. Por su parte, Elisa Carrió aseveró que “hay una gravísima violación de derechos humanos en Formosa”.

Esta situación tiene lugar en una provincia que en los últimos meses enfrentó serios cuestionamientos por su programa de restricciones para las personas que quieran ingresar a su territorio, un hecho que fue denunciado por Amnistía Internacional Argentina.

Después de que el organismo denunciara, en noviembre pasado, que había “más de 7.500 personas que aún están esperando una respuesta de Formosa para volver a sus hogares”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los formoseños varados y ordenó que la provincia garantice que las personas pudieran ingresar al territorio, con cumplimiento de las medidas sanitarias pertinentes. Ahora, desde el ente siguen de cerca las acusaciones de violación de los derechos humanos en la ciudad capital.

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