
En una sesión maratónica, el Frente de Todos logró avanzar esta madrugada con el proyecto que le quita recursos de coparticipación al Gobierno porteño, aunque para conseguir la aprobación debió modificar el texto, por lo que la propuesta volverá al Senado.
La votación resultó en 129 a favor, 118 en contra y siete abstenciones. Dado que el oficialismo tiene mayoría en la Cámara alta, se descarta que será ratificado sin mayores sobresaltos.
Desde el Gobierno porteño criticaron al Gobierno nacional por la falta de diálogo y lamentaron que todos sus intentos de acercamiento no dieron ningún resultado. “El Gobierno redobla la apuesta y va por más”, protestaron.
Por estas horas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya trabaja junto a su equipo legal en una nueva denuncia por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema si el proyecto es convertido en ley por el Senado.
Esta noche, el alcalde brindará una conferencia de prensa para repudiar los intentos de recortar los recursos de la ciudad, ya que entienden que se trata de una estrategia deliberada para desfinanciar a un distrito simplemente por ser de la oposición. Fuentes porteñas adelantaron que el discurso será en un tono más fuerte que el habitual.
La modificación principal del texto aprobado esta madrugada establece que la suma de fondos que se fijará para que Nación le transfiera a Ciudad deberá ser consensuada entre el gobierno nacional y la Jefatura porteña en un plazo de 60 días.

En concreto, el texto sancionado por el Senado anteriormente establecía una suma fija de $24.500 millones actualizada trimestralmente –la anterior era de $65.000–, pero ahora se estableció que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio denunciaron que existe una “animosidad” contra la Ciudad de parte del gobierno nacional y remarcaron que la capital es uno de los territorios más perjudicados en materia de recursos coparticipables, ya que recibe casi 10 veces menos que lo que aporta.
“Ante las encuestas, el crecimiento de un posible candidato a presidente que gobierna la ciudad de Buenos Aires, había que atacarlo; no hay razones ni jurídicas, ni económicas, hay una sola razón que es política”, afirmó durante la sesión el diputado del PRO Cristian Ritondo.
Luego, a través de un comunicado Juntos por el Cambio alertó “sobre la gravedad institucional que genera el avasallamiento a la Constitución y a las normas propias del Congreso Nacional”.
“Una vez más, asistimos al atropello del Gobierno Nacional que, en momentos de una crisis económica y social compleja, deja de lado las prioridades reales para imponer un castigo a la buena administración ejercida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años”, continúa el texto.
Y agrega: “Apoyamos firmemente la descentralización y la autonomía de recursos de los gobiernos federales, y creemos que es una materia pendiente, pero el camino es el diálogo, el respeto, generar los consensos suficientes y no castigar por mera especulación electoral”.
La relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández atraviesa días de gran tensión. La semana pasada los incidentes durante el velatorio de Diego Maradona terminaron con fuertes cruces mediáticos entre los principales funcionarios de ambas administraciones y una denuncia en contra del jefe de Gobierno y su vice, Diego Santilli, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos.
Pero el conflicto se remonta a algunos meses más atrás. En septiembre, el gobierno porteño ya se había presentado ante la Corte Suprema para intentar frenar una reducción de $30.000 millones en la coparticipación.
El ex presidente Mauricio Macri había aumentado durante su gestión los recursos coparticipables que recibía la Ciudad de 1,4 a 3,5 por ciento cuando se efectivizó la transferencia de la Policía. Desde las primeras semanas del nuevo gobierno, el Frente de Todos denunció que el monto transferido no se correspondía con los gastos reales de la seguridad. El tema luego quedó en segundo plano por la pandemia de coronavirus pero la reducción se concretó por decreto tras el estallido de la revuelta policial en la provincia de Buenos Aires. Los recursos recortados a la Ciudad se utilizaron para crear un fondo destinado a financiar un aumento salarial para los uniformados bonaerenses.
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