Entre los temas que el gobierno envió para que se traten en sesiones extraordinarias del Congreso están los proyectos judiciales del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por un lado, el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ser nombrado como Procurador General de la Nación. Y por el otro el proyecto -que ya tiene media sanción del Senado- para modificar la forma de elección del Procurador General.
Las iniciativas forman parte del temario que el Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso de la Nación. “Tratamiento de Acuerdos para designar magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”, dice el punto 14. Y el 16: “Proyecto de Ley por el cual se modifican las Leyes 27.148 y 27.149 del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”.
El nombramiento de Rafecas se trata exclusivamente en el Senado y la reforma a la Procuración en la Cámara de Diputados. Se trata de proyectos que están vinculados y con la expectativa es si el oficialismo tiene los votos para aprobarlo.
Para nombrar al Procurador -que es el jefe de los fiscales nacionales y federales- se necesitan hoy dos tercios de los votos del Senado que el oficialismo hoy no tiene. El proyecto de reforma a la Procuración lleva los dos tercios a una mayoría simple, cantidad de votos que el Frente de Todos sí tiene. Pero la incógnita es si el oficialismo conseguirá los votos para lograrlo. A diferencia del Senado, en Diputados requería el apoyo de alguna parte de la oposición.
Alberto Fernández propuso en marzo a Rafecas como procurador general. Rafecas es juez federal y con Fernández se conocen de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires donde ambos dan clases. La pandemia del coronavirus pospuso su tratamiento que se retomó en los últimos tiempos. Con la discusión sobre la reforma a elección del Procurador, Rafecas dijo que no asumiría si no es los dos tercios de los votos.
Luego, el kirchnerismo impulso la reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa propone varios cambios. Uno de ellos es la forma de elección del procurador: pasa a ser con mayoría simple del Senado, un mandato de cinco años con la posibilidad de una única elección consecutiva y que no se puede realizar en año de elecciones presidenciales.
El proyecto fue rechazado por la oposición y por los fiscales (un grupo de 80 magistrados presentó una nota en el Senado) que señalaron que la reducción de los votos le quita respaldo político al procurador. Sostienen que los dos tercios de los votos requiere un acuerdo entre todos los bloques del Senado, lo que es un fuerte respaldo institucional a quien comandará a los fiscales nacionales y federales. En cambio, la mayoría simple genera que el partido mayoritario nombre al procurador, lo que así se podría transformar en el procurador de un partido político.
La iniciativa también le da a la la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación la potestad de designar a un procurador interino; modifica la forma de acusación al Procuración que con mayoría simple del Senado puede suspenderlo en su cargo mientras se hace el juicio político; modifica la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales donde pasa a tener mayoría los representantes de la política.
Ambas iniciativas estarán en las sesiones extraordinarias que se iniciarán el 12 de diciembre con la expectativa de si el oficialismo consigue aprobar los proyectos judiciales de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.
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