La agrupación de fiscales reclamó que se mantengan los dos tercios de los votos del Senado para nombrar o destituir a un Procurador

En medio del debate que se abrió ante la postulación del juez Daniel Rafecas, la posibilidad de cambiar las formas de elección de un Procurador y las internas que esos dos escenarios abrieron tanto en Juntos por el Cambio como en el seno del Gobierno de Alberto Fernández, apareció la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) para reclamar que se mantenga como requisito legal el voto de los dos tercios del Senado para para nombrar o destituir al jefe de los fiscales.

Según indicaron a Infobae los voceros consultados, la entidad busca que se respete esa mayoría especial no solo por ese cargo por sí mismo sino por la relevancia y “paridad” con del Procurador con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. También se insiste en hacer valer “su independencia y fortalecimiento institucional”.

En un comunicado, la entidad informó que en las últimas semanas, a la luz del debate público, se organizaron siete “jornadas de discusiones abiertas” en torno a los “puntos centrales y principios rectores” de la AFFUN “con miras a la implementación en todo el país del sistema acusatorio en el ámbito penal federal”. Sobre todo, se añadió, “advirtiendo el contenido de las discusiones actuales con relación a posibles reformas de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal”.

En esos debate, hubo “intercambios y opiniones relacionadas al funcionamiento general del MPF, autarquía y presupuesto, al posible traspaso de áreas de investigación del Poder Ejecutivo a la órbita del MPF, a necesidades de reglamentaciones de actuación internas, al área no penal y al desempeño específico de las fiscalías de todo el país y áreas centrales de la Procuración General”.

El comunicado lleva la firma del presidente de la AFFUN, el fiscal federal Carlos Rívolo, junto a los vicepresidentes de la entidad Ricardo Toranzos, María Fernanda Poggi y Carina Jaime y la secretaria general Susana Pernas. Pero además lo rubrican los vocales titulares: Graciela Gils Carbo, Alejandra Mangano, Carlos Ernst, Javier Fontenla (Region Capital); Jorge Sica (Provincia de Buenos Aires); María Alejandra Obregón (Región Cuyo), Carlos Schaefer (Región Noreste), Jorge Onel (Región Centro); Carlos Alfredo Brito (Región Oeste) y Marcelo Rapoport (Región Patagonia).

Como resultado de esos debates, la AFFUN determinó como “consensos generales” la idea de "impulsar en todos los ámbitos en los que sea necesario una pronta implementación del sistema procesal penal federal acusatorio en todo el país y fortalecer al Ministerio Público Fiscal para llevar adelante el rol que la Constitución Nacional y la ley orgánica le confieren, en el diseño y ejecución de la política criminal de los delitos federales”.

Pero, además, “mantener el requisito legal de dos tercios de los miembros presentes del Honorable Senado de la Nación, tanto para la designación y así como para la destitución del/la Procurador General de la Nación, en particular frente al amplio consenso político que requiere la puesta en marcha del sistema acusatorio a nivel federal”.

Los fiscales también coincidieron en “promover la puesta en funcionamiento de las mesas técnicas interpoderes, necesarias para garantizar la postergada autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal y una revisión continua del presupuesto necesario para implementar las reformas edilicias, técnicas y de recursos humanos necesarias”.

Fijaron además como prioridades “lograr el acceso a las funciones de Miembro del Consejo de Fiscales, Fiscal Coordinador de Distrito, Fiscal a cargo de Procuraduría y Fiscal Revisor, garantizando la mayor representatividad e igualdad por géneros, territorio y grado de los y las fiscales, con la debida alternancia” y “propugnar una reglamentación del rol de fiscales coordinadores de distrito que permita asegurar la adjudicación de tareas bajo criterios objetivos y de eficacia, teniendo en cuenta el ámbito territorial donde va a desplegar sus funciones de acuerdo a la política criminal nacional y en coordinación con las autoridades provinciales”.

Al mismo tiempo, se incluyó el objetivo de “tender a establecer las condiciones de la carrera fiscal para profesionalizar a los miembros de la institución y garantizar la promoción a grados superiores de acuerdo a capacidades técnicas, de gestión y desempeño” y “fortalecer el rol del Auxiliar Fiscal para el ejercicio de los actos necesarios para la mejor coordinación de los recursos de la Unidad Fiscal”.

Asimismo, la agrupación avanzó en “sostener la relevancia del funcionamiento de las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas y su interacción con los fiscales territoriales para la mejor representación del MPF en los casos de criminalidad compleja” y señaló que “para ello, es necesario mejorar su capacidad de investigación y litigio en todo el territorio”.

Por último, reclamó el fortalecimiento de “las Direcciones Generales y otras áreas de apoyo técnico, extendiendo su asistencia hacia fiscalías y áreas no penales” y remarcó la necesidad de “aumentar los recursos humanos con miras a profesionalizar el trabajo interdisciplinario en el MPF, para lo cual podrían traspasarse recursos humanos de áreas técnicas de investigación del Poder Ejecutivo Nacional”.