
Después de semanas de indecisión, el Presidente decidió ponerle fin a la timidez de su gestión frente a la socia mayoritaria del Frente de Todos y animarse a lo que gobernadores, intendentes, empresarios y sindicalistas le venían planteando: llevar adelante su propia agenda, empoderando a quienes buscan ayudarlo y saliendo del laberinto planteado por una vicepresidenta acostumbrada a mandar.
Este “nuevo” Alberto Fernández incluiría una medida arriesgada en materia de lucha contra la pandemia, como es anunciar el paso del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) en la zona metropolitana. Se trata de algo que viene evaluando implementar hace por lo menos dos semanas, cuando finalmente decidió no llevarlo a cabo, en solidaridad con la situación que estaban viviendo muchas provincias de la Argentina. Por otro lado, temía las críticas de la oposición por descuidar la salud de los argentinos.
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El Gobierno planificó hace varios meses la DISPO para las provincias, con el objetivo de recuperar el mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social aunque con cuidados, protocolos sanitarios y monitoreo epidemiológico. Sin embargo, implementarlo en el AMBA tendrá un alto impacto en la opinión pública y puede conllevar riesgos.
Formalmente, la Ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense están en aislamiento (ASPO) hasta el próximo domingo, lo que supuestamente obliga a que las personas deban quedarse en su domicilio y solo salir para realizar compras básicas. Sin embargo, por la vía de sucesivas flexibilizaciones, en los hechos hay distanciamiento (DISPO), puesto que se puede circular, trabajar y realizar prácticamente el total de actividades, siempre guardando distancias de dos metros.
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En paralelo, la decisión de reafirmar la candidatura de Daniel Rafecas para el cargo de procurador general de la Nación que se conoció hoy es sustancial. Lo hizo a través de las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, una funcionaria que forma parte de su mesa chica, quien a una radio le dijo “esperamos que el Senado acompañe”. Esta semana, la vicepresidenta hizo trascender su decisión de modificar la ley del Ministerio Público Fiscal para evitar la mayoría agravada en la designación del procurador, lo que automáticamente saca de la cancha a Rafecas.
El juez anticipó –y ratificó ante una consulta oficial– que no aceptaría el cargo si se cambian las condiciones. Esto puso entre la espada y la pared al Presidente, ya que, de aprobarse esa ley, debería enviar otro pliego al Senado, desestimando a quien había elegido.
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Las expresiones de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, a favor de la candidatura de Rafecas no serían ajenas a esta encerrona que Fernández terminó de aceptar cuando llegó a la conclusión de que el Senado tenía congelado el pliego que había enviado. “Un enviado del Presidente habló del tema con Horacio (Rodríguez Larreta) y él lo habló con Lilita", aseguró una fuente a Infobae. Sin embargo, nadie en Casa Rosada quiso confirmar el dato.

Otro dato que llamó la atención es que el Presidente, ayer en Avellaneda, hizo público su deseo de modificar la legislación que impide la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, votada en el 2016. Días antes, Fernández había sido llevado a un acto en Lomas de Zamora donde se sintió presionado por esa demanda que evitaba mencionar, para no enemistarse con el presidente del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner, quien dio señales en contrario. En principio, esa discusión habría quedado saldada por impulso de los mismos intendentes, que plantearon que corrían riesgo territorial en varios distritos, a cambio de que algunas intendencias puedan ser conducidas por dirigentes vinculados a La Cámpora.
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Hoy mismo, en el acto que realizó en el Museo de la Casa Rosada para anunciar la construcción de 300 centros de Desarrollo Infantil para realizarse en distintas provincias, se lo escuchó distinto. Si bien no hizo ninguna alusión a cuestiones de política nacional, se mostró enérgico, incluso saliendo a responder las críticas que su espacio recibe por no incentivar el mérito en el desarrollo personal. “Es válida la meritocracia cuando se parte de una situación igualitaria; si no, lo único que se consolida es la desigualdad”, afirmó.
Acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, además de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), el Presidente anticipó la primera etapa de construcción de los CDI, que beneficiarán a 28.000 niñas y niños de 45 días a 4 años de las poblaciones más vulnerables de todas las provincias del país, con una inversión total estimada de $79.991 millones en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de estos espacios.
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