Reactivan un concurso para crear una Cámara Federal en un pueblo recóndito de Santa Cruz

Esta historia arrancó en 2014 y todavía tiene final abierto. Durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso creó una Cámara Federal en Comandante Luis Piedra Buena, un pueblo recóndito de la provincia de Santa Cruz, a más de 200 km de Río Gallegos. Ese tribunal se convertiría en la instancia de revisión de los jueces federales de esa provincia, a cargo de las causas de corrupción y narcotráfico. Actualmente, esa función está a cargo de la Cámara de Comodoro Rivadavia. El concurso para elegir a los tres jueces se activó en 2015, pero quedó paralizado durante la gestión de Cambiemos, aunque nunca se derogó la ley. De hecho, la nueva reforma judicial volvió a reflotar esa Cámara. Con ese nuevo impulso, el Consejo de la Magistratura acaba de dar a conocer las notas de los concursantes. Pasaron cinco años, y algunos ya fueron designados para otros cargos. Por si falta algo, la Corte Suprema nunca habilitó ese tribunal.

La oposición viene cuestionado la Cámara de Piedra Buena desde su creación. En 2015, un informe en disidencia de la Comisión de Administración Financiera destacaba que no había necesidad de crear otro tribunal porque el volumen de causas que manejaba la Cámara de Comodoro Rivadavia estaba dentro de los parámetros aprobados: 600 causas penales y 1800 expedientes civiles por año. “El proyecto no responde a un criterio de buena administración de justicia y de los recursos estatales, pues no sólo no soluciona los inconvenientes de acceso a la justicia enunciados en su fundamentación, sino que genera mayores inconvenientes”, dice ese informe.

Sin embargo, ese mismo año, el plenario del Consejo, bajo la presidencia de Gabriela Vazquez, aprobó el concurso argumentando que la Cámara de Comodoro Rivadavia está a 1430 km de Ushuaia y 783 km de Río Gallegos. Y se valoró la ubicación de Piedra Buena, al decir que "se encuentra a una distancia equidistante” de las ciudades donde estarán los juzgados de primera instancia.

Detrás de esas formalidades se escondía una intención política del kirchnerismo de elegir tres camaristas que controlaran todas las causas federales, incluso las de corrupción.

Pasaron cinco años, pero los problema de accesibilidad siguen vigentes. Piedra Buena está a 240 km de Río Gallegos y 467 km de Caleta Olivia, donde actualmente funcionan los dos juzgados federales de Santa Cruz.

Además de estar aislado de todo, no tiene aeropuerto ni una infraestructura que garantice accesibilidad desde el resto de la provincia o desde Tierra del Fuego, que también dependerá de esa Cámara. Y a eso se suma que el servicio de internet sigue siendo defectuoso.

Según el censo de 2010, el pueblo tiene apenas 6.000 habitantes, y no tiene juzgados de otros fueros por lo que deben vivir muy pocos abogados. En Santa Cruz, el pueblo es conocido por un parque temático infantil denominado “Dante Quinterno”, en homenaje al dibujante que creó el personaje de Patoruzú.

Desde el punto de vista político, Piedra Buena viene siendo gobernada hace tiempo por el kirchnerismo: José Bodlovic fue el intendente durante más de dos décadas, y ahora dejó a su hijo, Federico, que responde a La Cámpora. De hecho, no tiene ni un solo concejal de la oposición.

El proyecto de la Cámara Piedra Buena se reflotó con la nueva reforma judicial, que ya tiene media sanción del Senado y podría comenzar a tratase en la Cámara de Diputados a partir de noviembre. De hecho, ese proyecto también crea dos juzgados federales para Santa Cruz en la localidades de Perito Moreno y Río Turbio, con poco más de 10 mil habitantes cada una. Como en otros casos, se suma una Fiscalía Federal y una Defensoría con toda la estructura que eso implica.

Si la reforma prospera, la Cámara de Piedra Buena será la alzada de los cuatro juzgados federales de Santa Cruz y los dos nuevos juzgados creados en Tierra del Fuego.

Con ese impulso, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, que preside la diputada Graciela Camaño pero está en manos de una secretaria que responde al kirchnerismo, acaba de informar el orden de mérito provisorio del concurso. Ese listado surge del cruce entre los exámenes escritos y la evaluación de los antecedentes.

Los tres primeros lugares quedaron para Carlos Augusto Borges (fiscal de Caleta Olivia), Sergio Roberto Rocamora, y Emilio Ricardo Porras Hernández (procurador general de la provincia de Chubut). Luego aparecen Marcelo Hugo Bersanelli, juez civil de Río Gallegos, y Nelson Andrés Sánchez, juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial, también con asiento en la ciudad de Río Gallegos.

En sexto lugar se ubicó el abogado Claudio Marcelo Vázquez, que acaba de ser propuesto por el Gobierno para ocupar el juzgado federal de Río Gallegos y había sido conjuez de la Cámara de Casación en 2015. Según detalló por ese entonces en su curriculum, entre 1981 y 1994 trabajó en el área de control de calidad de la casa de neumáticos, lo que le valió el apodo en Comodoro Py del “juez gomero”. “Recién cuando asuma en ese juzgado se lo excluye del concurso”, explicó una fuente del Consejo.

El concurso 364 está ahora en la etapa de impugnaciones y luego restaría la entrevista oral para conformar el orden de mérito definitivo. Como pasaron cinco años, aún no se sabe si todos los concursantes siguen en carrera. “Tiene que haber al menos nueve concursantes, sino hay que anular el concurso y empezar todo desde cero”, explicó esa misma fuente.

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