Guernica: las condiciones que estableció la justicia para prorrogar el desalojo de las 100 hectáreas usurpadas

El juez de Garantías Número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, volvió a prorrogar el desalojo de las 100 hectáreas privadas tomadas en Guernica. La nueva fecha será entre el “15 de octubre y hasta el 30 del mismo mes”, bajo la condición de ciertos compromisos que el gobierno de Axel Kicillof debe cumplir: que las familias “abandonen el predio de forma voluntaria”; que “acepten reubicarse nuevamente en su distrito de origen”; y que se organice “un plan de acción tendiente a la desocupación pacífica de los lotes”, entre otros puntos. En su resolución de 24 fojas, el magistrado tomó en cuenta el anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien el jueves 29 de septiembre informó sobre el “Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de 91 mil lotes con servicios para resolver el déficit habitacional”.

La resolución del magistrado estuvo en consonancia con lo solicitado por los funcionarios de Kicillof que estuvieron presentes en la audiencia virtual con el magistrado, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Ambos, junto a la Ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, le habían solicitado prorrogar el desalojo hasta el 14 de octubre, para conseguir que los usurpadores dejen el predio tomado de manera pacifica.

En disonancia, el fiscal de la causa, Juan Condomí Alcorta, se expresó en contra de la medida al sostener que “además de las personas de la toma tenemos 5 víctimas de las que nadie se ha acordado o acercado salvo el suscripto, que están siendo amenazados”, en referencia a los dueños de las tierras en disputa. Por la misma razón, también dejó en claro que se opone a mas prórrogas “por cuanto no sabe si va a poder seguir garantizando la seguridad de esas víctimas" y advirtió que muchas de las personas que se encuentran en la toma no van a irse voluntariamente ni ahora ni dentro de 90 días”.

Por ello, el fiscal apoyaba que “el desalojo se extienda como mucho al 5 de octubre próximo”. Para no ser malinterpretado, Condomí Alcorta, aclaró que “por supuesto no quiere que haya situaciones conflictivas”, pero “hay que velar por el derecho de las víctimas”.

A su turno, el defensor oficial, Juan Pablo Stasi, le planteó al juez Rizzo que “a los plazos en los lanzamientos masivos, cuando se están efectivamente realizando tareas a fin de que los desalojos se hagan de manera pacífica, se les debe prestar apoyo”.

Una vez planteadas las exigencias del magistrado para postergar el desalojo que estaba previsto para hoy y que fue prorrogado para el 15 de octubre -o en su defecto para los días sucesivos hasta el último día hábil de octubre-, tuvo en cuenta que “el plan de contingencia puesto en marcha -por el Estado provincial- viene arrojando resultados positivos en relación no sólo al abandono voluntario de los ocupantes de los predios motivo de litigio, sino a su vez de las necesidades de aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad”.

El juez se refirió así a una serie de situaciones que quedaron acreditadas en la audiencia virtual que duró más de cuatro horas. Por ejemplo que “208 familias abandonaron el predio de forma voluntaria”, que “otras 300 podrían hacer lo mismo” en las próximas horas y que “el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, logró que 20 familias acepten reubicarse nuevamente en su distrito.

En la audiencia también se tuvo en cuenta y se ponderó que en la toma “se han detectado 52 casos de situaciones de violencia de género, logrando intervenir en 35 de ellas” y que “muchas de esas mujeres están en la toma huyendo de las agresiones, pero muchas de ellas están junto con el agresor, por lo que se requiere un mayor plazo para abordar esa problemática, ya que están en riesgo las vidas de las mujeres, niñas y niños que están con ellas y que más tiempo nos va a permitir un abordaje integral desde una perspectiva de género”.

Los ministro Larroque y Alak también destacaron que “con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, se está organizando el plan de acción tendiente a la desocupación pacífica de los lotes”.

El contexto de la audiencia de ayer estuvo signada de urgencias y momentos de tensión. Los grupos de izquierda, que según Larroque “coparon” la toma, prometieron “resistir" el desalojo con un “abrazo solidario” al predio. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ya había acantonado a más de 500 efectivos de su fuerza policial, en las cercanías del municipio de Presidente Perón, para llevar adelante el desalojo bajo la supervisión del fiscal.

Otras organizaciones sociales, cercanas al gobierno del presidente Alberto Fernández, como el Movimiento Evita y la CETEP, se habían manifestado en contra de un desalojo violento y a favor de una solución habitacional con “terrenos con servicios" para las más de dos mil familias que integran la mega toma de terrenos privados en Guernica.

“Un lanzamiento violento daría un mensaje erróneo. Una solución pacífica da un mensaje de que el diálogo es el camino, que la propiedad tiene una función social y que en ese camino hay que darle principal respuesta a las víctimas principales, que son las personas que no tienen lugar donde vivir”, resumió durante la audiencia judicial la senadora provincial María Reigada, integrante de la CTA y docente.

Sus palabras fueron transcriptas en la resolución del juez Rizzo. La legisladora también recordó -de manera componedora- que la toma de Guernica “es un conflicto de enormes proporciones” y que “hay que poner de relieve los planes lanzados por el señor Gobernador” para solucionar parte del drama habitacional que se viene arrastrando desde hace décadas.

Ante el magistrado, el ministro Larroque recordó que el domingo pasado, unas 50 personas “que se arrogaban la representación de las familias de la toma”, no dejaron ingresar la ayuda social que el Estado provincial quería hacer llegar. Entre ella, 10.000 kilos de alimentos, zapatillas, pañales y alcohol en gel.

A su turno, el abogado que representa en la mesa del diálogo al municipio de Presidente Perón, hizo ante el magistrado “un reconocimiento a la intervención del Estado provincial en relación a las gestiones realizadas para resolver el conflicto, advirtiendo que los recursos con los que cuenta el municipio se encuentran superados” y que “la problemática se evidencia en los barrios aledaños a la toma, apoyando la resolución pacífica del conflicto, sin dejar de mencionar a los vecinos que hace años que viven en el lugar, que también tienen vulnerados sus derechos y que también merecen una solución a sus problemas”, razón por la cual “acompaña la prórroga de los plazos propuestos, pero que la solución no se prolongue mucho en el tiempo porque genera una situación incómoda en el distrito”.

Así las cosas, el juez de Garantías volvió a fallar a favor de una salida pacífica al conflicto, a una intervención del Estado para solucionar el problema habitacional “de los más vulnerados” y a un desalojo sin violencia.

En caso de no llegar a este acuerdo antes de la fecha fijada, el magistrado le otorgó “la facultad al señor fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario-, la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

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