Angel Luque, Varela Cid y Ancari de Godoy, los diputados que fueron expulsados por inconducta

Desde el reinicio de la Democracia hasta ahora, la Cámara de Diputados ejecutó tres casos distintos de expulsión abrupta o suspensión hasta el final de su mandato por inconducta.

Los casos de expulsión fueron protagonizados por Angel Luque (PJ-Catamarca), Norma Ancari de Godoy PJ-Buenos Aires). En tanto, el peronista porteño Eduardo Varela Cid fue suspendido de su banca hasta el final del mandato, lo que en la práctica significó una expulsión soft de la Cámara Baja.

El caso de Luque fue uno de los más resonantes. El diputado catamarqueño protagonizó un escándalo tras la detención de su hijo, Guillermo, acusado del asesinato de la joven María Soledad Morales. La provincia fue intervenida por el estallido social que desató el caso y en medio de esto Luque defendió a su hijo. En un reportaje que publicó el diario Clarín Luque sostuvo: “Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”.

Como primera medida tras esas polémicas declaraciones, el PJ catamarqueño expulsó a Luque del partido y más tarde, en una reunión de urgencia, la Cámara de Diputados resolvió excluir al diputado por 129 votos a 2. El motivo de la decisión fue “indignidad moral”.

El otro caso que generó una expulsión por inconducta fue el de Norma Ancari de Godoy, que fue denunciada por un programa de TV (Punto Doc), que exhibió imágenes en las que se observaba a la legisladora amenazando de muerte a un productor del ciclo televisivo.

Cuando la Cámara Baja discutía su expulsión, la diputada peronista renunció el 8 de abril de 2002. Para entonces, la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había aconsejado la exclusión por “desórdenes de conducta”.

En 1995, el diputado Varela Cid no fue ejectado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta”, tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, el legislador perdió fueros, banca y dieta.

Un caso de suspensión simple se dio en 1988, cuando se suspendió por tres sesiones efectivas sin goce de dieta ni beneficio alguno, al diputado Horacio Cambareri por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, al haber utilizado el servicio de telex de la Cámara con fines políticos vinculados a los levantamientos militares ocurridos en enero de ese año.

El artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demanda”.

Para la expulsión de un legislador cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Si no hay cambios políticos de último momento, la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados es expulsar a Juan Ameri, que hasta ahora se resiste a renunciar pese a las sugerencias de sus aliados políticos, sus amigos personales y sus familiares más cercanos.

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