La poda de fondos a la Capital genera efecto cascada: inquietud de provincias y hasta tensión con intendentes

Los datos de las cuentas provinciales, agravados por la pandemia y la extensa cuarentena, dicen más que los discursos: cinco de las seis provincias más dependientes de la coparticipación federal está en manos del peronismo o aliados. En promedio y en tiempos normales, el 50 por ciento de los recursos de los distritos proviene de las transferencias nacionales. Y en algunos casos, trepa hasta el 80 por ciento. Alberto Fernández acaba de abrir un frente impensado ante ese panorama. Se trata de la coparticipación federal, que pone en foco cuánto va a la billetera del Estado nacional –es decir, al Gobierno-, qué queda para las provincias y cómo es el reparto entre ellas.

Algunos datos de las últimas horas empiezan a nutrir un tema que parecía fuera de discusión y que -sin llegar al siempre eludido tratamiento de un nuevo régimen de coparticipación- coloca en primera línea la distribución de fondos por parte del poder central, con una amplia franja de arbitrariedades. En el primer semestre de este año, la mitad de los fondos “discrecionales” repartidos por la Nación fueron a Buenos Aires. Eso se mantuvo en los meses siguientes. Y expuso otro problema: la tensión con los intendentes por el manejo centralizado de esas partidas que hace Axel Kicillof. Ahora, se suma el reclamo por los fondos podados a la Capital y destinados a la seguridad.

Alberto Fernández dedicó ayer al tema una parte sustancial de su discurso en un acto oficial. Y lo hizo tal vez con información sobre cierto malestar que habría surgido entre jefes provinciales del PJ y aliados que lo habían respaldado en su decisión de recortarle unos 40.000 millones de pesos anuales a la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes allegadas a algunos mandatarios, creían que se trataba de un planteo más amplio sobre la necesidad de equilibrios o equidad federal, e interpretaron que firmaban todos sin distinciones. Tarde se habrían enterado de que no acompañaba Juan Schiaretti, ni los tres jefes provinciales de la UCR. Con un agregado: todo fue exclusivamente para la gestión bonaerense, expresión directa de Cristina Fernández de Kirchner.

El reclamo porteño llega ahora a la Corte Suprema, en medio de versiones sobre otra poda, tal vez elemento de presión en medio de la escalada de confrontación con Juntos por el Cambio. Como sea, la discrecionalidad para hacerse de fondos y distribuirlos opere como un mensaje no sólo a los mandatarios opositores, sino además a los propios.

Con ese cortinado de fondo, el Presidente habló ayer en San Juan. Le puso un marco un tanto anacrónico –el puerto opulento frente al interior postergado, como si nada más complejo explicara la crisis y la decadencia- y dijo que en algún momento debería ser rediscutido el sistema de coparticipación. Admitió que es tarea muy difícil –lleva más de veinticinco años de postergaciones-, pero buscó darle algo de horizonte a la discusión. Afirmó que se está trabajando en un fondo de asistencia para “mejorar” los recursos de las provincias, con fondos coparticipables o por otra vía. No lo precisó.

El primer interrogante es con qué criterio sería constituido y distribuido ese fondo. Tampoco estaría claro cómo y cuándo serían convocados representantes de las provincias para tratar de consensuar una salida. Algo significativo en materia política. Y para completar, no fue insinuado de dónde saldrían los fondos. Si es de la Nación, no asomaría en el Presupuesto que acaba de ser enviado al Congreso, o al menos no figura en los adelantos difundidos por el Gobierno.

El ejemplo de la unilateral decisión respecto de la Capital resulta un mal síntoma en todos los sentidos referidos. Sugiere un ajuste entre provincias. En esa línea, y si se consideran los ingresos por coparticipación en relación con la cantidad de habitantes, qué distrito seguiría el camino del distrito porteño. ¿Santa Cruz, Neuquén? Y si el criterio se rige por una correspondencia con el aporte de cada provincia en términos de PBI, ¿Capital recuperaría fondos y buena parte del país debería transferirle a la provincia de Buenos Aires?

Resulta a la vista la intención de vestir de otro modo el ajuste frente al grave cuadro de las finanzas nacionales. La decisión que afecta a la Capital resulta grave además en medio de la pandemia y en el marco de la crisis agudizada por la cuarentena. La Ciudad es uno de los distritos con menor grado de dependencia de la Nación, pero la recaudación propia también ha sufrido una fuerte baja como consecuencia del frío económico.

El dato inquietante en el plano doméstico para Olivos es que el problema no está planteado exclusivamente en la relación con oracio Rodríguez Larreta y con el resto de los jefes provinciales de la oposición. Lo dicho: La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y San Luis son cinco de las seis provincias más dependientes de los fondos nacionales, y están en manos gobernadores oficialistas. La otra es Jujuy.

Las internas no se agotan en ese nivel. Y uno de los espejos más visibles es Buenos Aires. Los fondos restados a la Capital para derivarlos a la Seguridad de esa provincia repusieron de inmediato reclamos y recelos de intendentes, especialmente del Gran Buenos Aires, por el manejo de los fondos que repite Kicillof. Algunos jefes comunales de JxC se lo hicieron saber directamente. Y algunos del PJ lo dejan circular.

No es una situación nueva. Desde su llegada a La Plata, el gobernador se mueve del mismo modo: concentra la ayuda extra que llega desde la Nación –desde principios de año, largamente más de 100.000 millones de pesos- y cede poco a los jefes comunales. No se ajusta a los índices habituales para las transferencias de la gobernación a las intendencias.

La primera pulseada conocida se produjo casi en el arranque de la gestión, cuando Kicillof buscaba aprobar su propia ley de emergencia y otras medidas. La negociación fue forzada por la oposición, que tiene mayoría propia en el Senado bonaerense. Finalmente, hubo un fondo asegurado y directo para las comunas. Lo celebró JxC y lo paladearon intendentes peronistas. Este nuevo capítulo recién comienza, pero la Legislatura aguarda el tratamiento del Presupuesto provincial. Es parte de una batalla más amplia.