El gobierno bonaerense evaluó que parte de las tomas de tierras y propiedades “están direccionadas”, luego de que la Casa Rosada se alineó para cuestionar las irrupciones que se produjeron en los últimos meses en todo el país.
Así lo consideró la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, que puso en marcha con sus pares de Justicia provinciales Julio Alak (Justicia) Sergio Berni (Seguridad) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), un mecanismo de alerta temprana para evitar las ocupaciones y prevenir hechos de violencia.
“Hay lugares donde estas tomas se originan de manera rara, en la que acuden abogados y escribanos y al día siguiente presentan un amparo. Algo hace suponer que está más direccionado”, sostuvo hoy García. “La gente humilde que no tiene un lugar donde vivir no es la que va. No identificamos quienes son, pero lo vemos en varios municipios”, agregó en diálogo con FutuRock.
En sintonía con el gobierno nacional, García opinó que el fenómeno “tiene dos caras”, porque “no es legal tomar tierras”, pero por otro lado “desnuda el déficit habitacional sobre todo en la provincia de Buenos Aires”. “En estos últimos cuatro años solo se construyeron 2000 viviendas. Esto es un diagnóstico”, sostuvo al criticar la gestión de Cambiemos y de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Sin embargo, la ministra bonaerense reconoció el problema: “Nos preocupa que haya estas intenciones de tomas de terrenos y propiedades. Están direccionadas, lo que nos hace suponer que en algún lugar se están definiendo estas cosas. En algunos distritos fue inusual que se produzcan las tomas”.
“En 2019 hubo un promedio de 140 tomas por mes. Este año son 40, la cuarentena ha tenido sus efectos en el traslado de la gente”, añadió. “En el caso emblemático de Presidente Perón, la intendenta se reunió con más de 3000 personas que no pertenecen al distrito”, completó.
Por otro lado, Teresa García se distanció de los dichos de Sergio Berni, por inculpar al Movimiento Evita en las ocupaciones de tierras. “Berni tendrá que hacerse cargo de sus dichos y certificarlos”, aseguró, pero ratificó que muchas de las usurpaciones son respaldadas por “profesionales”, en sintonía con declaraciones previas del ministro de Seguridad bonaerense
Esta semana, el oficialismo cerró filas para criticar las ocupaciones de tierras. El presidente Alberto Fernández aseguró que la ocupación de tierras “no es algo legalmente permitido”, a la vez que asumió que “existe un problema habitacional” en el país que “hay que resolver”. Aunque aclaró: “Uno puede encontrar argumentos de la gente que padece la falta de vivienda, entiendo que nadie está contento con poner una carpa en medio de un campo y pasar la noche allí”.
También se pronunciaron los intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense, que pertenecen al núcleo duro del Frente de Todos. Los jefes comunales condenaron “la ocupación ilegal de tierras y viviendas”, reclamaron la intervención de la justicia para “hacer cumplir la ley” y consideraron que “el Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”.
Según documentación a la que tuvo acceso Infobae, que está en los archivos del Ministerio de Seguridad, desde julio pasado hasta el 1 de agosto se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas. La mayoría fueron liberadas porque la pena es de tres meses a tres años de prisión.
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