“Comisión Beraldi”: los asesores de Alberto Fernández escucharon a Eduardo Casal, Félix Crous, el CELS y Justicia Legítima

El Procurador interino Eduardo Casal les dijo hoy a los integrantes de la comisión de juristas convocados por el presidente Alberto Fernández que no debe cambiarse el requerimiento de los dos tercios de votos en el Senado para nombrar o remover al jefe de los fiscales. Fue durante una exposición por zoom, frente a los once juristas elegidos por el Presidente para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Casal fue invitado justo cuando es blanco por estas horas de una movida del kircherismo para correrlo del cargo que ocupa hace dos años, cuando renunció Alejandra Gils Carbó.

Pero Casal solo pudo hablar diez minutos. Había otros siete invitados para exponer. Los ocho estuvieron esperando que el coordinador del zoom les habilitara el paso para poder hablar ante la comisión. No pudieron escuchar a los otros expositores. Era como si fueran testigos de un juicio oral, comentó a Infobae uno de los que participó de la audiencia.

Según revelaron las fuentes consultadas, los juristas escucharon a Casal y la defensora general Stella Maris Martínez, pero también a los titulares de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y de la Unidad de Información Financiera Carlos Cruz. ¿Por qué? Porque entre los puntos fijados por el Gobierno también figura el análisis de incorporar esos dos organismos que dependen del Ejecutivo bajo la órbita del Ministerio Público.

El propio Crous dejó sentada su postura a la hora de sumar a la OA al ámbito del Ministerio Publico. Cuestionó la multiplicación de acusadores que hay dentro de un proceso judicial que atentan contra la igualdad de armas de las defensas.

Crous resaltó que la OA y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas terminan haciendo el mismo trabajo. “No es un concepto abstracto. Es concreto. Nos pasa a diario”, afirmó. De hecho, el ex fiscal aseguró que así como la OA se creó por decreto, también podría disolverse de la misma manera y pasar a integrar el Ministerio Público para aprovechar los recursos públicos. “El rol de la OA es redundante con la PIA”, resaltó.

Fue una mañana agitada para los integrantes de la comisión. Durante dos horas, entre las 11 y las 13, por zoom, estuvieron frente a los ocho expositores convocados. Cada uno habló diez minutos cada uno. A algunos los dejaron extenderse un poco más para completar la idea. El tiempo les pareció poco a varios expositores. Por eso, varios de los que desfilaron se comprometieron a aportar sus ideas por escrito si les había quedado algo más para decir a la hora de su posición. El coordinador de la comisión, el abogado Fabián Musso, daba paso a los invitados para que cada uno expusiera. No hubo preguntas ni tampoco interacción entre invitados.

Además de las exposiciones de Casal, Martínez, Crous y Cruz, los integrantes de la comisión escucharon a Paula Litvachky, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales; a María Fernanda Vázquez, en su rol a cargo del Consejo Permanente de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales; y al juez Gustavo Caramelo, en representación de Justicia Legítima. También habló Gonzalo Rúa, de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica que funciona en el ámbito de la Justicia porteña. Su opinión estuvo enfocada en los consejos sobre el traspaso que aún queda pendiente de la justicia nacional al a local.

La lista de los convocados a participar en estas audiencias no había trascendido. En rigor, no hay intención de que trascienda demasiado de lo que pasa en la comisión que tiene plazo el 18 de noviembre para expedirse y elevar al presidente un dictamen por mayoría con sugerencias concretas sobre los tópicos requeridos.

Solo se sabía que habían decidido escuchar a las cabezas del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, aunque esta última invitación quedó a cargo del propio Alberto Fernández, en medio de las fricciones generadas en el máximo tribunal por la decisión de armar esta comisión sin avisos previos y con sugerencias externas para ampliar el número de integrantes. Hoy, entonces, comenzaron a desfilar los invitados.

En las próximas reuniones se escuchará a más voces. Entre ellos estará la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, o a los representantes gremiales como la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) que lidera Julio Piumato o la organización Sitraju –la rama filokirchnerista de los empleados judiciales sindicalizados que rompió con Piumato hace unos años-.

Incorporar a distintas voces es una de las decisiones que habían tomado los consejeros en la reuniones previas a entrar en funcionamiento el 18 de agosto pasado. En esa reunión también decidieron el orden de los temas: las ideas sobre la Corte Suprema será a la que le dedicarán más tiempo y quedará para lo último. Lo que Alberto Fernández les pidió fue propuestas concretas. Una vez que las tenga, el jefe de Estado decidirá qué hace con esas sugerencias.

El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” está integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y por los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). El onceavo integrante es Enrique Bacigalupo, un académico exiliado que fue juez durante 40 años en España.