El juez federal Julián Ercolini ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil para investigar a los ex funcionarios del macrismo que condujeron el Banco Nación y que están sospechados de haber realizado maniobras ilegales que permitieron que la firma Vicentin pudiera financiarse con créditos que finalmente no pagó.
La medida alcanza al ex presidente del Banco Nación durante la última parte del gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, a y otros ex integrantes del directorio de la entidad bancaria. Pero también a los ejecutivos de la empresa Vicentin y a sociedades del grupo económico santafesino. El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había pedido la inhibición general de bienes de los imputados y las sociedades y el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil. En el caso se investiga si las autoridades de la entidad financiera durante la última etapa de la gestión de Juntos por el Cambio cometieron un delito al permitir al grupo cerealero Vicentin acumular una deuda de $18.500 millones violando normativas que rigen la actividad bancaria.
Ercolini no decretó la inhibición general de bienes de todos los imputados en tanto levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil para las siguientes personas y sociedades:
González Fraga; Lucas Llach; Agustín Pesce; Miguel Ángel Arce; Carlos Alberto Castellani; Guillermo Goldberg; Jorge Alberto Lawson; Javier Okseniuk; Marcelo Javier Pose; Ercilia Antonia Nofal; Juan José Fragati; Susana Graciela Ojeda; Martín Enrique González; Maricel Leonor Moschini; José Luis Testa; Luis María Restelli; Darío Marcelo Giacossa; Néstor Ariel Bled; Daniel Néstor Buyatti; Alberto Julián Macua; Osvaldo Luis Boschi; Martín Sebastián Colombo; Herman Roberto Vicentín; Máximo Javier Padoan; Sergio Roberto Vicentín; Algodonera Avellaneda SA; Río Del Norte SA; Buyanor SA; Oleaginosa San Lorenzo SA; Sottano SA; Sir Cotton SA; Vicentín Desarrollos SA; Renova SA; Terminal Puerto Rosario SA; y Renopack SA. En tanto a la empresa Vicentin SAIC solo se le levantó el secreto bursátil debido que en una resolución anterior se había autorizado a indagar en sus archivos fiscales y bancarios. A la empresa Algodonera Avellaneda sí le dictó la inhibición general de bienes.
El fiscal había dictaminado que ”Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A y Algodonera Avellaneda S.A, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba. A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
En julio pasado, Pollicita había descripto el por el que se le dieron créditos millonarios a Vicentin en los últimos meses de gobierno del macrismo y cómo no se cumplieron con las normas del BNA para, en el caso de retrasos en los pagos, tomar dinero que la empresa tenía depositado en cuentas de garantía para situaciones similares.
El fiscal había explicado que “así, mientras aumentaba la deuda impaga de Vicentin con el BNA, en las cuentas que la firma tenía en garantía en el propio banco ingresaron casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos ―USD 795.651.946 y $2.219.740.272―, los cuales estaban reservados para asegurar el cobro ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. Sin embargo, pese a que el BNA tenía en las cuentas especialmente estipuladas como garantía de los créditos suficiente dinero para cobrarse varias veces los casi USD 300.000.000 que Vicentin le debía, los funcionarios del banco permitieron que los empresarios retiraran ese dinero, con lo cual, para el momento en que se quiso cobrar de dichos fondos por disposición de la nueva gestión del Directorio, las cuentas se encontraban prácticamente vacías”.
Ercolini notificó a de su decisión a “los registros públicos de comercio y de la propiedad inmueble del país, a la Inspección General de Justicia, a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, al Registro Nacional de Buques, al de Aeronaves, y al Stud Book Argentino”. El levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil es un paso adelante en la investigación penal de las maniobras realizadas por los ex funcionarios y los empresarios involucrados en el caso.
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