La Justicia prohibió que los dos camaristas federales apuntados por el Gobierno sean removidos

La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti le ordenó este jueves al Senado que suspenda la revisión de los traslados de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que están siendo objetados por presuntas irregularidades y que el Poder Ejecutivo envió a la cámara alta.

“Al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación - como medida interina - suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”, sostiene la resolución judicial a la que accedió Infobae.

Hace dos días la magistrada había rechazado otra medida para suspender el trámite. Pero explicó que las circunstancias “han variado”.

La magistrada le había pedido al Consejo de la Magistratura, que aprobó las objeciones sobre los traslados de Bruglia y Bertuzzi, que presente un informe para contestar la demanda que los magistrados presentaron para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de esa decisión. Biotti entendió que mientras eso ocurra no había riesgo sobre la situación de los camaristas.

Pero el martes el Poder Ejecutivo envió los traslados al Senado para que sean revisados y la titular de la cámara alta, Cristina Kirchner, convocó para hoy a las 14 horas a una audiencia para darle trámite a ese ingreso. Ante esa situación, Bruglia y Bertuzzi alertaron que el Senado podría resolver sobre su situación antes que el Consejo conteste y la jueza pueda resolver. El oficialismo tiene los votos para imponer cualquier decisión. En el caso que no avale todos o algunos de los traslados, los jueces deberán volver al tribunal en el que estaban.

“Entiendo, pues que este cambio de circunstancias y la inminencia de la sesión convocada del Senado me obligan a modificar la decisión adoptada hace tan sólo dos días”, explicó la magistrada. Y agregó: “Es que las circunstancias actuales hacen que el daño que los actores intentan evitar pudiera producirse durante el lapso otorgado al Estado Nacional para que produzca el informe”.

“En consecuencia, al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación - como medida interina - suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi, cuyaeficacia se extenderá hasta el momento de la producción del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción”, dispuso la jueza y aclaró que “lo aquí decidido no importa de ningún modo adelantar opinión sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada por los actores ni sobre la cuestión de fondo debatida en la presente causa”.

Lo que está en discusión es la situación de 10 jueces cuyos traslados, realizados mayoritariamente durante el gobierno de Mauricio Macri, son objetados por el oficialismo. El Consejo de la Magistratura de la Nación emitió una resolución en la que sostuvo que esos traslados tuvieron diversas irregularidades. Una en común a todos es que no pasaron por el Senado de la Nación para su aprobación final.

El Consejo envió su resolución al Poder Ejecutivo que la remitió al Senado para que apruebe o no esos traslados. El oficialismo tiene los votos para imponer cualquier decisión. En el caso que no avale todos o algunos de los traslados, los jueces deberán volver al tribunal en el que estaban.

Bruglia y Bertuzzi presentaron un amparo en el que sostuvieron que sus traslados se hicieron de manera legal, con la normativa vigente al momento, que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser revisados por un juez.

Los otros ocho jueces objetados son: Zunilda Niremberger, Germán Castelli, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

Una presentación en el Senado

Castelli envió una nota al Senado de la Nación para que se “se inhiba ese cuerpo de proseguir el trámite” para revisar su cambio de tribunal. “Mi actual nombramiento se realizó en estricto cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente al momento, y que se ha puesto en tela de juicio a través de una maniobra ilegal que incluye la aplicación de normas posteriores, en franca violación al principio de irretroactividad de las leyes”, sostuvo el juez en la nota remitida a Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Castelli integra el Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py. Se trata del Tribunal que tiene a su cargo el juicio oral por la llamada causa de “los cuadernos de la corrupción” en la que está acusada la vicepresidenta Cristina Kichner. Castelli llegó allí trasladado desde un Tribunal Oral Federal de San Martín.

El juez defendió ante el Senado su traslado. Señaló que el Consejo aprobó una resolución “en exceso de su competencia constitucional, legal y reglamentaria”. “Ello pues, de conformidad con lo propiciado oportunamente, avanza sobre situaciones jurídicas consolidadas, en violación al principio de irretroactividad de las normas, y constituye una arbitrariedad que, en el caso de evolucionar con la intervención del Poder Legislativo, como se habría hecho en el caso del Poder Ejecutivo, podría derivar en la remoción encubierta del suscripto”, sostuvo el magistrado.