El Gobierno quiere sacar de Santa Fe la causa judicial por la intervención de Vicentin

El gobierno de Alberto Fernández advirtió en tribunales porteños que el fallo que dictó el juez de Reconquista Fabián Lorenzini sobre el caso Vicentin fue una “sentencia arbitraria”, que violó la ley de medidas cautelares y afectó la división de poderes. Por eso, en una presentación a la que accedió Infobae, el Ejecutivo reclamó que la causa salga de la órbita de Santa Fe y que la alegada inconstitucionalidad del decreto de intervención sea definida por la justicia en lo contencioso federal de Buenos Aires.

La demanda fue presentada el miércoles pasado. El tema ya está en estudio de la jueza María Alejandra Biotti, que giró el caso al fiscal Fabián Canda para que opine sobre la habilitación de la feria y el pedido planteado.

La polémica gira en torno de la resolución que el 19 de junio dictó el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de la empresa, cuando frenó la intervención de la cerealera, repuso al frente de la administración a los dueños de la cerealera y convirtió al interventor designado por Ejecutivo en un veedor. Los dueños de Vicentin reclamaban la inconstitucionalidad del DNU, algo que el juez no rechazó analizar al declararse incompetente.

“Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar. Asimismo, lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tratarla inconstitucionalidad el acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado Nacional”, afirmó la presentación del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.

En el escrito, el Ejecutivo reclamó específicamente que, previa habilitación de feria, se dicte una “inhibitoria” para que el juzgado de Santa Fe deje de intervenir. También fija como demandados a los accionados de Vicentin. “Lo más grave es que el magistrado interviniente soslayó que el DNU, como tal, es ley en sentido material y goza de presunción de constitucionalidad”, se advirtió.

“Queda claro que le corresponde entender a la Justicia Federal, ya que ello procede en las causas en las que el Estado Nacional o una entidad nacional sean partes, como derivación de la forma federal adoptada por la Constitución Nacional”, se sostuvo, al remarcar que, de lo contrario, se está violando “la garantía del juez natural”.

A la hora de argumentar ese pedido, el Gobierno afirmó que, entre varios puntos, que el juez Lorenzini era “incompetente” y que dictó una sentencia arbitraria que no respetó la ley de medidas cautelares. Valga recordar: esa ley se impulsó en 2013 a pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner y el proyecto de democratización de la justicia, en medio del debate por la ley de Medios.

El fallo de Lorenzini “prescindió por completo” de la ley de Medidas cautelares y se convirtió en “un típico caso de sentencia arbitraria”, afirmó el escrito al que accedió Infobae. “Lo que resulta aún más llamativo y que da mayor razón a la postura del Estado Nacional al efectuar este planteo de inhibitoria es el hecho de que el mismo juez concursal se declaró incompetente, señalaron. Sin embargo, “en un giro inesperado y hasta arbitrario, reconduce la pretensión de los interesados forzando un desdoblamiento de la petición, al sostener que no sería exactamente una medida cautelar sino una auténtica demanda de inconstitucionalidad, para finalmente otorgarle una ‘medida autosatisfactiva’”.

Pero no fueron los únicos fundamentos planteados por el Ejecutivo para reclamar la salida de la causa de Santa Fe. “No existe motivo para que el juez dejara de aplicar una norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. Por si ello fuera poco, en un ejercicio abusivo de su potestad modificó el objeto y alcances del DNU 522/2020, sustituyendo en el ejercicio de sus facultades al presidente de la Nación”, afirmó el escrito que lleva la firma del abogado Ignacio Rodríguez Jalón como apoderado de la cartera de Desarrollo Productivo.

Con el fallo del juez de Reconquista, se agregó, “se han suspendido ilegítimamente los efectos del DNU, lo que evidencia una clara intromisión en las facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo Nacional y-en cuanto a su primigenio contralor-del Poder Legislativo Nacional, que es el órgano que por mandato constitucional debe expedirse acerca de la validez o invalidez del DNU”. Así, dijo el Ejecutivo, se incurrió en una “transgresión patente al principio de División de Poderes, toda vez que un magistrado provincial ha cercenado ilegítimamente la esfera de facultades propias de dos de los Poderes del Gobierno Federal (los órganos Ejecutivo y Legislativo); e incluso ha invadido la esfera competencial de la Justicia Federal”.

La administración nacional volvió a justificar, pero esta vez ante la justicia, el dictado del decreto que se cuestionó. Se insistió en que se buscó “asegurar la continuidad de las actividades de la empresa” que “al momento de la cesación de pagos, era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales”. “Se encuentran en riesgo 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera, más cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor, y 2.057 de la planta frigorífica”. Hubo un repaso del complejo panorama financiero de la empresa, el proyecto que “el Poder Ejecutivo Nacional tiene en estudio” para enviar al Congreso la ley de expropiación y la a causa penal que se instruye en Comodoro Py por los créditos que recibió del Banco Nación durante la gestión de Macri

Allí, precisamente, el fiscal Gerardo Pollicita -que tiene delegada la investigación por decisión del juez Julián Ercolini- avanza en la investigación sobre la ruta del dinero que manejó Vicentín. La causa que investiga por qué la cerealera, aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, acumuló una deuda de más de $18 mil millones en contra de las normativas vigentes y mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior. La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó para ser querellante y acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales.