Obra Pública: el Tribunal rechazó todos los pedidos de nulidad y busca acelerar la reanudación del juicio de manera mixta

El Tribunal Oral Federal 2 que lleva adelante el juicio por la obra pública otorgada por el kirchnerismo a Lázaro Báez quiere acelerar los trámites para que se reanude el debate en el que está imputada, entre otros, la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Los jueces vienen desde hace semanas intercambiando oficios con el Consejo de la Magistratura que debe proveer los equipos para que el juicio se puede realizar de manera mixta: algunos en Comodoro Py y otros de manera remota en sus casas.

En una resolución de 58 páginas los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron todas las oposiciones que hicieron algunas de las defensas de los imputados para retomar el juicio de manera mixta. Las defensas sostuvieron, en términos generales, que “el debate, de cualquier manera que no sea presencial, afecta los principios de oralidad, publicidad e inmediación, los cuales no pueden ser suplidos por medios digitales”. Por otra parte la fiscalía y las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción, como también las defensas de algunos imputados, no plantearon objeciones a la reanudación.

Para rechazar los planteos los jueces señalaron que “nada más indiscutible y consabido que el hecho de que la nueva realidad social que nos comprende ha compelido a los Poderes Judiciales de todos los países del globo, y al nuestro en particular, a robustecer los medios tecnológicos disponibles y al mismo tiempo diseñar otros nuevos, más eficientes, sin perder de vista que, en cualquier caso, estos deben de satisfacer en la mayor medida de lo posible los principios y garantías vigentes en un Estado de Derecho Democrático. Y la respuesta, entiende este Tribunal, es que no: aún a través de medios virtuales, los principios consagrados en las reglamentaciones generales del ordenamiento procesal penal que regulan la etapa del debate -oralidad, continuidad, publicidad, concentración, contradicción e inmediación (arts. 363 y ss, CPPN)-, se hallarán lo suficientemente abastecidos. Ahora bien, a la par, para que así sea, es menester que los operadores judiciales observemos con el mayor celo posible el devenir del debate, en pos de prevenir e impedir que el costo asociado al beneficio de la celebración remota del debate sea, justamente, el atropello de alguna garantía del debido proceso”.

Los integrantes del TOF 2 consideraron que por tratarse de un caso de relevancia pública -están imputados también Julio De Vido, Báez, José López, entre otros- el juicio debe continuar. Y así lo expresaron: “Justamente, la dimensión de los hechos ventilados, la naturaleza de los bienes jurídicos en juego, la calidad pública de los individuos sometidos a proceso, imponen a este Tribunal y a la Administración de Justicia el deber de sortear los obstáculos que entorpezcan la realización de la función judicial, al mismo tiempo de asegurar a los justiciables su derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Dichos caracteres, el estatus de servicio esencial que prestamos y la circunstancia de encontrarse abierto el debate previo a la emergencia sanitaria, son aspectos que imponen y obligan a los suscriptos a actuar conforme lo venimos haciendo”.

A pesar de no tener todos los elementos técnicos para que se reanude el juicio los jueces pondrán a disposición de todos los involucrados de todo el expediente del caso que fue digitalizado. Y luego las partes tendrán otros tres días para " identificar las constancias documentales que habrán de requerir con motivo de la declaración testimonial ya establecida, esto es, la del Ingeniero Javier Iguacel”. El TOF se prepara para tomarle declaración testimonial a Iguacel quien encabezara la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri y realizara la denuncia que originó el caso que llegó a juicio oral y público.

Los participantes del juicio que no lo hicieron aún tendrán que aportar “nombre completo, teléfono personal de contacto y un correo electrónico de cada una de las personas que habrán de intervenir en el juicio en las condiciones establecidas”. De esa manera el TOF 2 tendrá el número exacto de participantes en el juicio para informarle de las necesidades técnicas al Consejo de la Magistratura.

“Recabados esos datos,-concluyeron los jueces- habremos de informar el número final de participantes al Consejo de la Magistratura para que se asigne la plataforma que los especialistas entiendan pertinente y establecer la fecha en la cual se realizará la audiencia de prueba. Cumplidas todas y cada una de esas instancias, finalmente habremos de encontrarnos en condiciones aptas para reanudar de modo semi presencial el debate oral y público del presente juicio que, como es lógico, no admite demora en su prosecución”.