El gobierno nacional anunció la intervención de la empresa Vicentin y sacudió la agenda política - económica argentina, que hasta ayer tenía casi como tema excluyente la pelea contra el coronavirus. El debate se enfocó ahora en el avance del Estado sobre la propiedad privada y las advertencias de la oposición sobre una “chavización” de la Argentina impulsada por el kirchnerismo.
En ese contexto, la agrupación La Cámpora respaldó la intención de avanzar con la expropiación de la empresa agroindustrial y expuso sus argumentos en un artículo titulado “Camino a la soberanía alimentaria”, en el que destacó la decisión que dio a conocer el presidente Alberto Fernández.
“Esta definición estratégica busca evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos”, señaló la organización kirchnerista. “A la par, permitirá tener una empresa testigo, no sólo en el sector agroindustrial para el mercado interno, sino también en el de divisas; adquiriendo de esta forma una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país”.
“El Estado nacional rescatará a una empresa de enorme magnitud a la cual se declarará, al momento de sanción y promulgación del proyecto de ley, de ‘utilidad pública’ por ser productora de alimentos”, se remarca en la misma nota, en la que también se hace foco en el endeudamiento de la compañía y las presuntas irregularidades que se cometieron con préstamos otorgados por el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Cabe remarcar que Vicentin tiene una deuda millonaria con el Estado nacional y que el Banco de la Nación es su principal acreedor con 18.300 millones de pesos, a la par que la deuda con el Banco Provincia de Buenos Aires asciende a $1.600 millones”, enumeran.
En el tramo final del artículo, La Cámpora hace un análisis de los efectos que puede generar la expropiación de la empresa santafesina: “En el marco de una crisis global de enorme magnitud, nuestro país comienza a repensar la agenda del mañana, avanzando en el desarrollo productivo del país”.
“Se torna imperioso continuar en el desarrollo de estrategias sólidas y contundentes que puedan terminar con las inequidades en nuestro suelo; conquistando soberanía alimentaria. La participación del Estado en la producción y comercialización agroindustrial, tanto del comercio interior como exterior, es un paso fundamental para comenzar a poner a la Argentina de pie”, concluye.
El proyecto de expropiación de Vicentin es impulsado por la senadora Anabel Fernández Sagasti, dirigente de confianza de Cristina Kirchner y espada legislativa del oficialismo, quien será una de las principales encargadas de defender la propuesta en la Cámara Alta. La ex candidata a la gobernación de Mendoza fue una de las dirigentes que le acercó al presidente Alberto Fernández la propuesta de nacionalización de la compañía agroindustrial.
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