
La Oficina de la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que nuestro país “es uno de los que reaccionaron más rápido en respuesta a los efectos económicos y en materia de empleo provocados por la crisis sanitaria del COVID-19”, aunque destacó que “la crisis provocada por la pandemia está teniendo un fuerte impacto en el mercado de trabajo de Argentina”, dentro del cual el grupo de las trabajadoras domésticas es uno “de los que se ven particularmente afectados” porque “se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en el actual contexto pues están más expuestas al impacto económico y social” del coronavirus.
En el nuevo informe del organismo internacional, elaborado por Elva López Mourelo, se afirmó que en la Argentina “el servicio doméstico reviste un peso muy importante en la estructura laboral” y que la actividad cuenta con cerca de 1,4 millones de trabajadoras, que representan el 5,6% del empleo, el 17,4% de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas.
Para la OIT, “las trabajadoras domésticas están en la primera línea de respuesta y su rol es fundamental a la hora de mantener el buen estado de salud de las familias y las comunidades” y, “de hecho, en Argentina, quienes realizan tareas de atención y cuidado de personas continúan trabajando, a pesar de las medidas de aislamiento social, porque el Gobierno declaró que se trata de una actividad esencial". "Por el contrario –sostuvo el informe–, las personas que realizan tareas domésticas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina, etc.) deben cumplir con las medidas de cuarentena obligatoria y, por su parte, los empleadores deben garantizar el derecho de las trabajadoras a permanecer en su casa con goce de sueldo”.
La experta de la OIT sostuvo que “por su perfil sociodemográfico y las condiciones en las que desempeñan su actividad, estas trabajadoras se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en el actual contexto, pues están más expuestas al impacto económico y social del COVID-19” y agregó que “hay diversas razones para justificar esta situación: la alta presencia de mujeres jefas de hogar de bajos ingresos con niñas, niños y adolescentes a cargo, junto a las precarias condiciones laborales marcadas por una fuerte incidencia de la informalidad, la falta de acceso a derechos laborales y la exposición a riesgos tanto en el lugar de trabajo como en el traslado de su casa al trabajo, entre otras”.

“En el caso de las trabajadoras que realizan tareas de cuidado de personas –señaló el informe–, es probable que se vean obligadas a cumplir jornadas más extensas debido al cierre de escuelas, centros de atención y otros espacios de cuidado. Además, se encuentran más expuestas a atender a personas enfermas, muchas veces sin las medidas de prevención adecuadas o sin los materiales de higiene necesarios. Por otro lado, las trabajadoras que llevan a cabo tareas domésticas generales, especialmente aquellas que trabajan por horas, pueden ver incumplido su derecho a permanecer en su domicilio, con goce de sueldo, durante el período de cuarentena obligatoria. En cualquier caso, independientemente de la tarea que realicen, todas las trabajadoras domésticas enfrentan el riesgo de perder su empleo ante las dificultades de sus empleadores para pagar sus salarios”.
Según López Mourelo, “la alta incidencia de la informalidad en el sector impide que la mayoría de las trabajadoras cuenten con seguro e indemnización por desempleo, cobertura por riesgos en el trabajo, licencias por enfermedad u obra social que les permita estar cubiertas ante todas estas contingencias”.
En ese sentido, la OIT Argentina sostuvo que “sólo el 9,4 por ciento de las trabajadoras domésticas no registradas tiene acceso a una obra social, y que si bien Argentina cuenta con un sistema de salud público universal, casi 950.000 trabajadoras no cuentan con la cobertura de salud que les permitiría tener acceso a un servicio de atención de mayor calidad si llegaran a enfermarse”.

El informe hizo hincapié en que “la Argentina es uno de los países que reaccionaron más rápido en respuesta a los efectos económicos y en materia de empleo provocados por la crisis sanitaria del COVID-19” y destacó en ese sentido que “el Gobierno implementó medidas de asistencia a los ingresos –como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)– que cubren a todas las trabajadoras domésticas, con independencia del tipo de trabajo que realicen –tareas generales o de cuidado y atención a personas– y de su situación en términos de registro de la relación laboral”, aunque advirtió que “la falta de información que tienen las trabajadoras sobre sus derechos dificulta una cobertura totalmente efectiva”. Por eso indicó que “otras medidas son necesarias para garantizar una respuesta integral y efectiva a todas las vulnerabilidades que enfrentan estas trabajadoras”.
La oficina local de la OIT finaliza el informe con una serie de recomendaciones para mitigar el impacto del COVID-19 en el trabajo doméstico. Entre otras, se proponen las siguientes medidas:
- “Aplicar medidas que favorezcan la retención del empleo, como ayudas económicas a los hogares para el pago de los servicios de cuidado que realizan las trabajadoras domésticas”.
- “Extender el acceso a derechos laborales a las trabajadoras domésticas”.
- “Expandir las licencias por enfermedad o licencias para el cuidado con goce de sueldo para garantizar la seguridad económica de las trabajadoras enfermas, en cuarentena o al cuidado de niñas y niños, personas adultas mayores u otros familiares”.
- “Mejorar el acceso universal a servicios de salud pública para las trabajadoras domésticas y sus familias, incluso para aquellas que no cuentan con obra social o cobertura por salud”.
- “Establecer medidas de seguridad y salud para garantizar un lugar de trabajo seguro y libre del riesgo de contagio”.
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