Los senadores del Frente de Todos insisten ante la Corte con el pedido de Cristina Kirchner: “No resulta posible sesionar de manera presencial”

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, y la vicejefa, Anabel Fernández Sagasti, presentaron una carta ante la Corte Suprema en adhesión al pedido de Cristina Fernández de Kichner para que el tribunal dé certeza de constitucionalidad respecto a una posible sesión virtual. “No resulta posible sesionar de manera presencial mientras se mantenga el distanciamiento social obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, motivo por el que resulta imprescindible despejar toda situación de incertidumbre respecto a la posibilidad de sesionar por medios remotos o virtuales”, ratificaron a través del escrito que hicieron llegar esta mañana a Tribunales en el marco de las medidas restrictivas por el COVID-19.

Mayans se encuentra en su provincia, Formosa, y Fernández Sagasti en la suya, Mendoza. Tal como se desprende del texto, seguirán cumpliendo la cuarentena y sólo están dispuestos a sesionar a la distancia.

Ambos senadores no dan un paso de estas características sin consultar con la Vicepresidenta. Por no tener domicilio en Capital, los representaron el abogado Gustavo Adolfo Lopez Wesselhoefft y Jorge Landau, apoderado legal del Consejo Nacional del Partido Justicialista.

En la misiva, que fue entregada antes de conocerse el dictamen del procurador general, los senadores manifestaron su apoyo “en la totalidad de sus términos” a la presentación de la titular del Senado “a efectos de despejar el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos en aplicación de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación".

Como CFK, describieron la situación “excepcionalísima, que altera absolutamente la vida de las personas y el normal desarrollo y funcionamiento de las instituciones” y la “situación de extrema gravedad institucional” que impide, a su criterio, organizar sesiones presenciales. Justifican como “imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar y cumplir con el rol que nuestra Carta Magna le otorga”.

A pocos días de que el interbloque de Juntos por el Cambio reclamara por no haber sido consultado antes del reclamo a la Corte, que además consideraron “improcedente”, el oficialismo replicó los argumentos cristinistas y solicitó la declaración de certeza para evitar, sostuvieron, que las decisiones de la Cámara alta “nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido”.

Mayans y Fernández Sagasti aseguraron que sería imposible realizar una sesión presencial que implicaría el traslado de los senadores a la ciudad de Buenos Aires “quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social obligatorio y generando, consecuentemente, un serio riesgo para la salud no sólo de los senadores y senadoras, sino también de sus colaboradores y del personal del Honorable Senado que podría estar afectado a la realización de la hipotética sesión”. Y recordaron que una parte de los legisladores integran los denominados “grupos de riesgo” y están obligados a extremar las medidas de precaución ante el coronavirus.

“Se debe considerar que una eventual sesión presencial, implicaría el riesgo de que, luego de realizada la misma, los senadores y senadoras vuelvan a sus provincias transformados en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones”, agregaron. Y el propio Mayans se puso como ejemplo: Formosa aún no confirmó ningún caso de contagio y está convencido de que, en caso de viajar a Capital, “al retornar a su provincia se transformaría en un riesgo para la salud pública local”.

En forma resumida propusieron sesionar con acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, participación y la transparencia de las votaciones. El reglamento del Senado lo permiten, señalaron, pero temen futuras presentaciones judiciales.

Cristina Fernández de Kichner pidió hace una semana el aval de la Corte para las sesiones en la modalidad de teleconferencia para avanzar en iniciativas tributarias que no pueden regularse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. El objetivo es la aprobación de un impuesto a la riqueza que impulsó su hijo Máximo Kirchner como jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. La oposición pidió tratar otros temas.

La carta responde al reclamo de Juntos por el Cambio respecto a la injerencia de un poder sobre el otro que implica la consulta a los jueces: “Creemos que el diálogo institucional entre los Poderes del Estado es absolutamente necesario y saludable, y esta presentación persigue ese objetivo”. Y concluye que “la declaración de certeza aquí peticionada disiparía toda incertidumbre que pudiera existir en torno a la cuestión planteada, y ello redundaría en beneficio del interés general”.

La semana pasada los jefes de los bloques del PRO y la UCR, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff, manifestaron su desacuerdo con la gestión de CFK ante la Corte y reclamaron el funcionamiento pleno del Senado. “Consideramos un deber cívico elemental que quienes somos servidores públicos, representantes en este caso de nuestras provincias demos el ejemplo en este momento crítico”, expresaron también a través de otra carta.

Este lunes los senadores Juan Carlos Romero y Clara Vega, del interbloque Federal, propusieron a Cristina Fernández sesionar en el recinto de Diputados con espacio suficiente para mantener la distancia requerida entre las personas. Según fuentes del Congreso el oficialismo no tendría en cuenta la sugerencia.

La Corte aún no respondió al pedido de CFK. El procurador Eduardo Casal se manifestó en contra. En el Congreso creen que finalmente el máximo tribunal evitará una definición y que el procurador emitirá un dictamen en contra, aunque no es vinculante.