La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quedó en el centro de la polémica al informar en una teleconferencia con Diputados que las fuerzas federales estaban realizando tareas de ciberpatrullaje en redes sociales para “detectar el humor social”.
Este jueves, la funcionaria dio marcha atrás y reconoció que la expresión “humor social” fue poco feliz y dio lugar a confusiones. “A partir del alboroto que generó mi intervención, estamos revisando el protocolo con el que trabajamos este tipo de patrullajes para someterlo a discusión de la Comisión de Seguridad de Diputados e incluso de especialistas”, adelantó en declaraciones a radio Mitre.
Y agregó: “Creo que es la oportunidad para transparentar el uso de esta herramienta”.
Más allá de haber reconocido el error discursivo, Frederic defendió este tipo de investigaciones que se realizan en redes sociales. Según informó, no se hacen averiguaciones sobre personas -está prohibido por ley-, sino indagación por categoría y zonas donde con el objetivo de anticiparse a la comisión de ciertos delitos, como por ejemplo los saqueos a supermercados y las salideras bancarias.
“Lo que hacemos es mirar Twitter, buscar en Facebook y cruzar palabras claves con hashtags y zonas. Es lo que se hace generalmente para buscar tendencias, sólo que nosotros lo utilizamos para evitar delitos”, justificó.
La funcionaria se manifestó en contra de realizar una persecución ideológica en internet y planteó que el pensamiento político de los individuos forma parte de la construcción de la democracia.
Los dichos realizados por Frederic ante el Congreso despertaron la preocupación de referentes de distintos ámbitos porque consideran que este tipo de actividades podrían afectar gravemente la libertad de expresión y de la ciudadanía.
El vicepresidente de la comisión, Álvaro De Lamadrid (Unión Cívica Radical) sostuvo que “es grave estar haciendo ciberpatrullaje para mediar y auscultar el humor social” y aclaró que "la pandemia y su excepcionalidad no están por arriba de la Constitución Nacional”.
En el mismo sentido se expresó Gustavo Menna, del mismo bloque: "No es ni más ni menos que control sobre la libertad de pensamiento y opinión de las personas y una actividad de inteligencia política prohibida por ley. Es incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que se pretenda patrullar el humor social en las redes”.
Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, sostuvo que lo dicho por Frederic “es un nuevo causal más para agregar al pedido de juicio político” que presentaron en su contra.
Consultada por Infobae, Silvana Guidici, ex presidenta del Enacom y experta en comunicaciones, también alertó sobre los riegos que esta medida conlleva: “Que las fuerzas tengan divisiones de ciberseguridad está muy bien porque a través de las redes se cometen delitos. Entonces, si alguna fuerza interviene por un delito de pedofilia o amenazas o incitación a la violencia siempre amerita una intervención judicial y luego se trata como delito. Lo que está mal es perseguir opinión, es delito. Está protegida por la Constitución Nacional y es libertad de opinión”.
Para ejemplificar los alcances de este tipo de acciones, Guidici contó los casos de Venezuela y China, en donde, por ley, ambos gobiernos utilizaron el ciberpatrullaje para vigilar y censurar a la población.
Este jueves, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sumó su repudio. “La defensa de la salud pública o el combate a la desinformación nunca deben traducirse en la persecución a la disidencia, y cualquier acción estatal que pretenda cuestionar una publicación que debe estar reservada al Poder Judicial”, planteó.
Y agregó: “No es función de dependencias del Poder Ejecutivo, tanto de fuerzas de seguridad como de otros organismos como la agencia estatal de noticias, auditar y menos restringir y sancionar las expresiones de medios y ciudadanos”.
“Preocupa que el concepto ciberpatrullaje para detectar el humor social, referido por la ministra de Seguridad Sabina Frederic, pueda terminar siendo mal utilizado para intimidar la libre expresión o afectar a quienes expresan críticas u opiniones disidentes. Tampoco deberían caer en este potencial exceso los poderes ejecutivos provinciales ni sus fuerzas de seguridad, como se ha denunciado durante los últimos días", concluyó.
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