La oposición presentó una batería de proyectos para tratar de paliar la situación ecónomica por la crisis sanitaria

A la carta firmada por los principales líderes partidarios y parlamentarios del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, para concretar una audiencia “virtual" con el presidente Alberto Fernández y conversar “de manera directa sobre los modos de colaboración” en la crisis “en términos sanitarios y en las dificultades económicas”, la oposición sumó en estos días una batería de proyectos destinados a tratar de paliar la emergencia originada por el avance del coronavirus y el freno de la actividad por la cuarentena.

Ayer, el bloque de Diputados del PRO, conducido por Cristian Ritondo, confeccionó un paquete de cinco proyectos de ley destinado a “amortiguar el efecto negativo que la emergencia sanitaria y económica provoca en aquellos sectores aún fuera de los alcances de las medidas anunciadas por el Gobierno”, según trascendió en un comunicado de la bancada.

Las iniciativas prevén eximir del pago del monotributo para todas las categorías durante abril, mayo y junio; un plan de pago para los contribuyentes que acrediten una reducción del 30% de sus ingresos en los últimos seis meses, suspensión de las ejecuciones fiscales y reducción del anticipo de Ganancias “a partir del próximo vencimiento de la obligación”; la devolución del impuesto “PAIS” -recargo para los viajes al exterior- para los argentinos varados en cualquier lugar del planeta por el cierre de las fronteras; créditos bancarios destinados al “sostenimiento del empleo y la normalización de la cadena de pagos”; la ampliación del programa REPRO para aquellos empleadores que demuestren una reducción “sustancial” en sus ingresos del 30% en los últimos seis meses, y la reducción del 30% en los sueldos de los funcionarios de los tres poderes, una iniciativa que Juntos por el Cambio ya había pedido al jefe de Estado a través de una carta enviada en la semana.

El paquete de leyes, a pesar de que no está previsto por ahora que el Parlamento sesione -por el momento las reuniones de comisión y los encuentros entre el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y los jefes de bloque se realizan en forma virtual-, pone además el foco en la cuestión tarifaria y en los servicios públicos: el PRO pide que se amplíe el número de “sujetos sobre los que se prohíbe el corte de los servicios públicos por el plazo que se mantenga la emergencia". Con un prorrateo “de seis meses con una tasa no superior al 20% anual" en las deudas acumuladas.

La UCR, en tanto, había presentado en estos días un proyecto para que los trabajadores sean eximidos de la contribución a los aportes sindicales por 180 días, con la colocación de un tope.

El texto, de los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Federico Zamarbide, del radicalismo mendocino, establece “la eliminación del artículo 38 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que establece que los empleadores están obligados a actuar como agente de retención de los importes que los trabajadores destinan a los gremios”. Pamela Verasay había presentado una iniciativa similar en el Senado.

“Resulta imprescindible incrementar aquellos esfuerzos colectivos e intersectoriales en coherencia con las medidas tanto sanitarias como económicas que se toman en el marco de una situación de excepción, y ello requiere reducir todas aquellas obligaciones que no sean imprescindibles y hagan aún más gravosa e insostenible la finalidad de preservar los puestos de trabajo y la integridad de las remuneraciones”, fundamentaron los diputados en el proyecto de ley.

Resaltaron, además, que el aporte solidario “será de una cuota anual y no podrá superar el medio punto porcentual -0,5%- del salario bruto del trabajador del mes en el que se deba cumplir con dicha obligación”.

El texto señala los casos de los empleados de comercio y de los camioneros, que aportan 2,5% y 3%, respectivamente, en las remuneraciones mensuales de los afiliados a dichos gremios.

La Coalición Cívica, por su parte, presentó a principios de semana un proyecto para crear un Fondo de Reparación Económica destinado a cuentapropistas y monotributistas. El texto insta al Poder Ejecutivo a disponer de una línea de créditos a tasa cero de hasta $30.000 para monotributistas de las categorías A a la D, y de hasta $60.000 para el resto de las categorías.

El Fondo, subrayó el bloque de legisladores de la CC de la Cámara baja, estaría compuesto por unos 1.400 millones de dólares, constituidos por giros de organismos internacionales.

“Los trabajadores independientes, los comerciantes y los profesionales hasta ahora no han recibido soluciones sustentables con las medidas de contención que ha realizado el Gobierno Nacional”, señalaron los diputados de la coalición.

Dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, que aún no presentó ningún proyecto de ley en conjunto -solo pedidos al Poder Ejecutivo para rebajar los sueldos-, hay diferencias por la estrategia a adoptar en su vinculación con la Casa Rosada.

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