A esta altura, las probabilidades de que la Casa Rosada y la administración porteña unifiquen criterios en torno a las conversaciones por la coparticipación que la Ciudad recibe del Estado nacional son casi nulas.
Cómo había publicado este medio hace diez días, y después de un freno en las negociaciones, el gobierno de Alberto Fernández empezó a pulir en las últimas semanas la decisión del recorte de los fondos que Horacio Rodríguez Larreta recibe en forma automática por parte de la administración central y que Mauricio Macri incrementó apenas asumió, en el verano del 2016, de 1,9% a 3,75% por el traspaso de la Policía Federal a la órbita local. La coparticipación prevista para este año para la ciudad de Buenos Aires es de unos $126.000 millones.
En ese sentido, fuentes de Casa Rosada al tanto de las reuniones entre ambas administraciones resaltaron ayer a Infobae que las negociaciones entraron en estas horas en la recta final y que el miércoles tendrá lugar un nuevo encuentro entre los equipos técnicos de uno y otro gobierno, encabezados por Silvina Batakis, secretaria de Relación con las Provincias del Ministerio del Interior, y Martín Mura, ministro de Hacienda de la Ciudad. Ambos funcionarios habían vuelto a reunirse el pasado viernes.
En las últimas horas circuló en esa línea una versión que causó cierta preocupación en los principales despachos porteños. En especial porque, según juran, se enteran de posibles decisiones por los medios de comunicación antes que por boca de los propios interlocutores. El jefe de Gobierno y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, hace varios días que no se comunican.
La “oferta” que ahora se analiza en Casa Rosada da cuenta de que el Presidente podría avalar que los fondos que la Ciudad recibe del Estado nacional vuelvan al porcentaje anterior -de menos del 2%-, antes de que Macri oficialice el aumento al 3,75%, que luego quedó en 3,5%. Y que la Nación se haga cargo del gasto que demanda el funcionamiento de la Policía Federal bajo la conducción de la administración porteña.
Una información que ya había circulado hace algunas semanas. Y que vuelve a cobrar fuerza, en el punto culmine de las charlas.
El problema no es solo la voluntad política que eventualmente pueda mostrar el Frente de Todos en ese punto, si es que al final definen hacerse cargo de ese gasto. Si no que desde ambas administraciones no hay punto de acuerdo en el monto.
En el entorno de Rodríguez Larreta subrayan que en el presupuesto 2020 aprobado por la Legislatura a fin del año pasado, la partida destinada al funcionamiento de la Policía es de $75.000 millones. En Casa Rosada resaltan que es bastante menos: unos $20.000 por el pago de salarios. Y que la Ciudad recupera una cifra similar por impuesto en Sellos e Ingresos Brutos por la firma del nuevo pacto fiscal que el jefe de Gobierno suscribió junto al resto de los gobernadores y el Presidente.
“¿Qué pasa, ante ese escenario, si queremos incrementar el número de efectivos y el pago de sueldos depende de Nación?", se preguntan inquietos en el Ministerio de Seguridad porteño.
En medio de ese embrollo político y financiero, Casa Rosada pule la cifra final. Y la Ciudad espera la decisión en alerta.
Fernández y Rodríguez Larreta habían vuelto a verse las caras el pasado lunes en Olivos, en compañía de los gobernadores Gerardo Morales y Axel Kicillof, y el ministro De Pedro, para el anuncio de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Una reunión que, en el caso del mandatario jujeño, sirvió para bajar tensiones en torno al proyecto del senador del PJ Guillermo Snopek -cuñado del propio Morales- de intervención del Poder Judicial provincial, una iniciativa a la medida de Milagro Sala.
Tras ese encuentro, Morales bajó la participación de referentes nacionales de Juntos por el Cambio en la marcha que encabezó, 48 horas después, por el centro de la capital de Jujuy. Como un gesto de distensión ante el jefe de Estado, que le aseguró que su gobierno no estaba detrás de ese proyecto.
Rodríguez Larreta espera, en ese sentido, un gesto de distensión que tal vez nunca llegue.
La semana pasada, por lo pronto, encabezó una reunión con una veintena de funcionarios del Ministerio de Seguridad. Aseguró, según pudo reconstruir este medio, que la discusión por la coparticipación era lo que más le preocupaba de los cortocircuitos con el gobierno nacional. Más que los terrenos cedidos durante la gestión de Macri o el crédito con la CAF por el Paseo del Bajo.
Por las dudas, en los ministerios locales empezaron a revisar los proyectos pautados para este año. Muchos de ellos van a tener que esperar.
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