Alberto Fernández juega su mandato a cerrar la deuda externa, despenalizar el aborto y reformar la justicia federal

Alberto Fernández reveló durante su discurso ante la Asamblea Legislativa su proyecto político de cuatro años en la Casa Rosada. El Presidente propuso una reforma del Estado nacional, exhibió sus deseos de bajar los índices de pobreza, desempleo e inflación, confirmó que empuja una solución estructural de la deuda externa y reiteró que confía en una agenda global apalancada en el Mercosur y sin olvidar a China y Rusia.

Alberto Fernández nombró a Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Francisco, Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano, obvió a Donald Trump y su influencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmó su apuesta a la tecnología y a la inversión energética, y fue implacable con la administración de Mauricio Macri.

Durante su presentación de 79 minutos, el Presidente reiteró su método dialéctico en las apariciones públicas: mencionó a sus referentes históricos y políticos, y negó el nombre de los protagonistas del pasado reciente que cuestiona por su ética personal y sus resultados públicos.

“Soportamos un nivel de inflación récord de 53,8% durante 2019. Debemos enfrentar una deuda pública también récord en monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan 48.968 millones de dólares. A ello deberíamos adicionarles 14.838 millones de dólares en concepto de intereses de esa deuda. La desocupación trepó al 9,7 %, destruyendo más de 240.000 empleos privados entre 2015 y 2019″, describió Alberto Fernández sobre el gobierno de Cambiemos sin citar a Macri.

Y remató: "Hemos encontrado una situación extremadamente delicada. Recibimos un país dañado en su tejido social y productivo y con su alma herida por divisiones profundas. Como ya he dicho, quiero recuperar el valor de la palabra. Quiero ser honestamente libre a la hora de describir el presente. No busco revanchas. Necesito que todos asumamos la verdad que nos toca. Solo así dejaremos de ser esclavos de las fracturas que nos desunen”.

La Asamblea Legislativa, que inauguró las sesiones ordinarias 2020, no tuvo exabruptos. El oficialismo aplaudió en momentos claves -deuda externa, aborto, reforma judicial y convocatoria al Consejo Social-, y la oposición se mantuvo en silencio y respetuosa. Sin embargo, como ceremonia democrática con sus propios códigos políticos, un hecho público hizo coincidir al oficialismo y a la oposición: cuando terminó la Asamblea Parlamentaria se comentó en Pasos Perdidos que había muy poca gente frente al Congreso gritando el nombre del Presidente.

Mientras tanto, ajeno aún a la cantidad de militantes que movilizó el aparato partidario, Alberto Fernández explicitó los ejes fundamentales de su mandato en Balcarce 50. El Presidente hizo una referencia específica a la deuda externa. Nombró a Francisco, citó su gira por Europa, agradeció al FMI y reiteró su método de negociación con los acreedores privados. Alberto Fernández no comentó sobre la oferta que presentará a los bonistas bajo legislación internacional, pero dejó en claro que no implicará una nuevo ajuste de la economía.

En este contexto, volvió a apuntar hacia la administración de Macri. El presidente reveló al Congreso que instruyó al titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, que abra una investigación para determinar si hay responsabilidades penales cometidas en el uso de los dos créditos otorgados por el Fondo al gobierno de Cambiemos. “

“Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada por su paso”, argumentó el jefe de Estado para explicar el sentido político a la investigación que Pesce instruirá en el Banco Central.

Carlos Menem amplió la justicia federal de primera instancia en Comodoro Py, y a esa ampliación le sumó la influencia constante de la SIDE. El sistema funcionó sin fallas: lo que se acordaba en la Casa Rosada, se transmitía a través de los espías a determinados jueces y fiscales federales.

Ese sistema -"Cajita Feliz"- se mantuvo con escasas variables hasta que Alberto Fernández decidió intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Todos los presidentes -Menem, Kirchner, Fernández de Kirchner y Macri usufructuaron ese sistema opaco e irregular.

“Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”. adelantó el presidente en su discurso de apertura.

Y agregó Alberto Fernández: “Esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”.

Estos dos anuncios interpelarán el poder real del Presidente. Cristina Fernández tiene causas abiertas en Comodoro PY con muchísima evidencia en contra, y ciertos miembros del Senado y del Gabinete Nacional se aprovecharon de los contactos en la justicia federal y del uso arbitrario e irregular del sistema de inteligencia que ya fue intervenido.

En este contexto, si los proyectos de Alberto Fernández dejan intactas las causas de CFK con evidencia firme y terminan -de verdad- con las operaciones de los espías en los tribunales, quedarían menos dudas acerca del poder real en la Casa Rosada.

Pese a la presión de la Iglesia Católica y al apoyo político del Papa respecto a la negociación de la deuda externa, Alberto Fernández adelantó que enviará un proyecto de legalización del aborto a la Cámara de Diputados. Su anuncio provocó la ovación más importante adentro y afuera del Congreso, y su decisión política puede marcar el sino de su mandato presidencial.

Sólo Alfonsín, a quien Alberto Fernández nombró dos veces, enfrentó con éxito en un debate parlamentario contra la influencia real de la Iglesia. Sucedió con el divorcio, y perdió con el Congreso Pedagógico. El Presidente sostiene en la intimidad que tiene los votos en ambas cámaras. La batalla institucional será en las calles, en los tribunales y en el interior del poder. Puede ser el legado del jefe de Estado. O su derrota política más estrepitosa.

En este contexto, el Presidente apeló a la oposición para poner a la Argentina en el siglo XXI. Al anunciar el Consejo Económico y Social, convocó a hacer “del debate, del renunciamiento y del acuerdo esa mejor democracia que aún nos debemos”, adelantó su intención de vincular tecnología y educación, y prometió crear un sistema administrativo para mejorar a la burocracia estatal, un sueño de Alfonsín que murió cuando entregó Balcarce 50 a Menem.

Ya no tiene secretos la agenda política de Alberto Fernández: apuesta todo su mandato a la deuda externa, la despenalización del aborto y a la reforma de la justicia federal. Si este programa avanza, podrá mejorar los índices de pobreza, desempleo, inflación e institucionalidad democrática. Un sueño que la Argentina persigue desde fines de 1983.

Seguí leyendo: