La vicepresidenta electa Cristina Fernández pedirá este jueves que se garantice la transmisión en vivo de la declaración indagatoria que deberá llevar a cabo el próximo lunes, en el marco del juicio en su contra por supuestos irregularidades con la obra pública durante su mandato.
Según informaron fuentes del Instituto Patria, el abogado Carlos Alberto Beraldi, que patrocina a la ex mandataria, efectuará el reclamo ante el Tribunal Oral Federal 2 por pedido de su cliente.
El pasado 25 de noviembre, el tribunal citó a Fernández de Kirchner para el próximo lunes a las 9.30, a fin de prestar declaración en el juicio en el que está procesada por presunto direccionamiento de la obra pública a favor de las empresas pertenecientes al detenido Lázaro Báez.
La solicitud asoma como consecuencia de lo sucedido en las ocasiones anteriores en el TOF 2, en las que solamente pudieron ver la transmisión en vivo periodistas y acreditados para el juicio a través de intranet. De esta manera, se garantizaría el libre acceso al público mediante los canales que dispone el Centro de Información Judicial, tal como lo pedirá la vicepresidente electa.
El juicio, el primero que afronta entre las múltiples causas por corrupción, se inició el 21 de mayo pasado, pero la ex mandataria estuvo ausente varias veces con permiso del tribunal debido a los viajes que realizó a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en el país caribeño bajo tratamiento médico. Esta vez acudirá y se estima que elaborará un fuerte discurso alegando “persecución política”, en la misma dirección que los escritos que fue presentando ante los jueces.
Con la de Cristina Fernández se cerrará la ronda de indagatorias de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.
En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a la firma “Austral Construcciones”, a nombre de Báez, además del presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción. La ex mandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desde el Estado les asignó de manera presuntamente irregular 52 obras públicas a las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Según la acusación fiscal, eso no podría haber ocurrido sin el aval del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y luego de la ex mandataria.
Por su parte, en la audiencia del lunes pasado, Báez se negó a declarar y dijo que lo hará más adelante.
Más allá de la ex presidenta y el empresario, también son juzgados los detenidos Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y José López, ex secretario de Obras Públicas, entre otros ex funcionarios.
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