El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó la nueva medida del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir documentos de identidad en los trenes.
Fernández afirmó que la disposición del Gobierno, que ya entró en vigencia, “se inscribe en una lógica de criminalización”, porque en esos medios de transporte “viajan los pobres”.
“Son todos manotazos de último momento para retener el voto que tuvo. Hay un sector al que le habla (la ministra) Bullrich y le dice que van a defender a la clase media quitándoles derechos a los que están sin trabajo”, enfatizó en declaraciones radiales.
Para Fernández, “van a las estaciones de trenes porque en los trenes viajan los pobres y van a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes”, afirmó tras la resolución publicada en los últimos días en el Boletín Oficial.
Dicha resolución habilita a que las fuerzas de seguridad pidan el DNI en estaciones de trenes y subterráneos, en el marco del plan “Ofensores de trenes” que presentaron los ministros de Seguridad y de Transporte, Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich.
En sus considerandos, la Resolución indica que la decisión se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059) y que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de ‘prevenir delitos’".
En una primera etapa, el programa se implementará en las estaciones Retiro y Lacroze de la ciudad de Buenos Aires.
De efectivamente comprobarse la existencia de medidas, los efectivos se comunicarán con “la autoridad judicial pertinente” y labrarán un acta “de lo que en consecuencia disponga esa autoridad”.
“En caso de presentarse más de una medida judicial de carácter restrictivo, deberá informarse a los magistrados sobre la existencia de procesos concomitantes y el alcance de las restricciones vigentes”, agrega el documento. Efectivos de Prefectura y Gendarmería también están autorizados a llevar a cabo este proceso.
A la hora de proveer fundamentos legales para la medida, el documento cita un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos con el mismo objetivo.
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