Más de 3.374 kilómetros en distintos tramos de rutas de 11 provincias pasarán desde este martes al Estado nacional, que se hará cargo en forma transitoria de su operación y mantenimiento a través de la empresa Corredores Viales, controlada en un 51% por el Ministerio de Transporte y 49% por la Dirección Nacional de Vialidad Nacional.
La compañía estatal fue creada en octubre de 2017 para operar la autopista Ricchieri cuando se decidió rescindir el contrato de concesión a la empresa AECSA. Esto ocurrió en diciembre de ese año, y meses después (en agosto de 2018), cuando se concluyó el proceso licitatorio, pasó a la empresa privada que ganó la licitación.
Guillermo Dietrich había sido imputado en setiembre de este año por el juez Sebastián Casanello por haber prorrogado los contratos de concesión de Benito Roggio SA, Petersen, José Cartellone Construcciones Civiles y Rovella Carranza, en una causa que se abrió a partir de una denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA). Ahora, en Transporte consideran que la denuncia devino en “abstracta”.
La situación de los tramos de las rutas nacionales 9 y 34 (en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy), 188 (provincia de Buenos Aires), 19 (Santa Fe y Córdoba), 12 (Corrientes y Misiones), 16 (Corrientes y Chaco), ruta nacional 8 (entre la provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis), y de la 36 (Córdoba) es distinta, ya que estaba planificado que fueran licitadas a través de la etapa 2 del Programa Participación Púbica (PPP), que fue suspendido por el cambio de las condiciones financieras para la Argentina.
Como la mayoría de esos tramos habían sido prorrogados a la espera de los resultados de la PPP, y volvieron a prorrogarse tras esa suspensión, las concesiones seguían con subsidios altos, y el Ministerio de Transporte tomó esta decisión.
“Es mucho mejor, más eficiente, y será menor la erogación del Estado”, dijo ante los periodistas el gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional, Ezequiel Christie. Y aseguró que “la operación será temporaria hasta que se liciten nuevamente los corredores o, con un plazo máximo de 5 años, para asegurar la continuidad y calidad del servicio al usuario”.
Christie también informó que, cuando Cambiemos llegó al Gobierno, en diciembre de 2015, el Estado transfería a valores actuales 8000 millones de pesos en subsidios a todas las concesiones viales, un grupo de las cuales ya pasó a manos privadas en la primera etapa de los PPP, lo que redujo a 3500 millones de pesos las erogaciones en esta materia. Ahora, con el traspaso a la empresa estatal Corredores Viales de los tramos que seguían prorrogados, el Estado transferirá aproximadamente $1000 millones en subsidios para la operación y mantenimiento. Así, el ahorro para el Estado será de $2500 millones.
Mediante el decreto 659/2019 que se publicó este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Nación anunció la entrada en vigencia de la medida. Entre las pautas que se estableció, se aclaró que “los ingresos de la concesión comprenderán las tarifas que se aplicarán a los usuarios, los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias, y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado”.
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