
El Senado, por unanimidad -48 votos-, aprobó y giró hacia la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para atenuar los profundos cambios climáticos globales a través de una serie de modificaciones ambientales.
La iniciativa, llamada Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, fue impulsada por los senadores Fernando "Pino" Solanas y la neuquina Lucila Crexell.
En paralelo, la Cámara Alta declaró su profunda preocupación por la emergencia climática y ecológica global, luego de que las organizaciones miembro de Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima presentaran el proyecto de declaración, el cual fue aprobado.
"La amenaza de un futuro con multiplicación de catástrofes climáticas seguirá en aumento", indicó Solanas. Tras la aprobación del proyecto, consideró que existe "un consenso amplio en todo el mundo acerca de la necesidad de modificar nuestras conductas ante este fenómeno".

Por su parte, Bruno Rodríguez, miembro de "Jóvenes por el Clima Argentina", le explicó a Infobae que defendieron la iniciativa "en la Comisión de Ambiente, para que el Senado declarase la emergencia".
"Se presentaron las conclusiones del último panel del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). También se contemplaron distintas consecuencias del cambio climático en Argentina: inundaciones que afectan a los sectores más vulnerables, sequías, soberanía de nuestros recursos, experiencias que viven los pueblos originarios contra los proyectos mineros o la deforestación indiscriminada", agregó Rodríguez.
"La investigación científica apunta al sistema alimentario como el principal motor del calentamiento global y la destrucción del ambiente. Argentina es uno de los principales países ganaderos del mundo, y esta es la industria que mayor cantidad de GEI emite en el país", indicó Stephanie Cabovianco, coordinadora de Aclimatando y Climate Save Argentina.
Esteban Bullrich (PRO) y Silvia Elías de Pérez (UCR) fueron dos de los senadores oficialistas que respaldaron el proyecto. "Este consenso habla del compromiso de toda la clase política con el cambio climático", sostuvo el ex ministro de Educación.
La iniciativa
El proyecto presentado por Pino Solanas propone crear un gabinete nacional de cambio climático, que será presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su función será articular -entre las distintas áreas de gobierno- este proyecto mediante la implementación de un "plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático".
Dicho gabinete estará integrado por los titulares de todos los ministerios. El Gabinete nacional deberá convocar a un asesor externo, que oficie de manera consultiva, de manera obligatoria. "La crisis climática es un tema de derechos humanos y justicia social. Costó, pero esperamos hasta que se habilitó el debate en el Parlamento y fue aprobado por la totalidad de los senadores", relató Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima Argentina.

El senador neuquino Guillermo Pereyra planteó una modificación en el proyecto para incluir dentro del gabinete al sector de la producción y el trabajo. El legislador ligado a la industria energética sostuvo que los sindicatos también deben ser parte del grupo que tomará las decisiones.
Respecto a la emergencia climática que dictó el Senado, Rodríguez completó: "Es un paso de políticas públicas de emergencia y lo que tenemos que hacer. Hay otro proyecto presentado que busca defender otras iniciativas, que son leyes más ambiciosas en materia de cambio climático. Queremos que se criminalice a las empresas que incumplen la Ley de Bosques (26.331). Aprobar leyes que sean muy radicales en torno a la transición energética de nuestro país, para poder tener 100% energías renovables. También es fundamental brindarles a los estudiantes, en todos los niveles, educación ambiental".
Junta de Seguridad en el Transporte
Además de la lucha contra el cambio climático, el Senado convirtió en ley la creación de la Junta de Seguridad en el Transporte, un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte que extenderá el alcance de la actual Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) hacia todos los modos de transporte.
Su función principal será investigar los accidentes aéreos, automotores de pasajeros o carga, ferroviarios, fluviales y marítimos, y emitir recomendaciones con el objetivo de promover la cultura de la seguridad en nuestro país y prevenir futuros accidentes e incidentes.
Uno de los mayores beneficios será separar al regulador de la investigación como ocurre en otros países que cuentan con organismos multimodales como Estados Unidos (NTSB) y Japón (JTSB). Esto no solamente garantizará la independencia sino también la transparencia de las investigaciones.
El nuevo organismo podrá también solicitar asistencia a cualquier otro organismo competente. Según dice el proyecto, "debe reportar sus actividades, hallazgos y recomendaciones para cada año fiscal al Presidente de la Nación y al Honorable Congreso de la Nación, durante el mes de marzo de cada año calendario".
Si bien la Junta de Seguridad en el Transporte tendrá su sede principal en la Ciudad de Buenos Aires será de perfil federal y tendrá representación en cinco regiones del país: Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires); y Patagonia (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
"La seguridad es la base de cualquier política de transporte y la investigación es un mecanismo necesario para el aprendizaje continuo. Argentina va a ser el primer país de la región en sumar a todos los modos de transporte. Sin duda esta decisión por unanimidad habla de la importancia de llevar adelante la creación de este nuevo organismo", destacó la Presidente de la JIAAC, Pamela Suárez.
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