Indemnizarán a una empleada de Cancillería por persecución ideológica y maltratos durante el kirchnerismo

Un fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo apuntó contra los ex funcionarios Nahón y Bianco

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Cecilia Nahón, una de las ex funcionarias K apuntadas por la Justicia
Cecilia Nahón, una de las ex funcionarias K apuntadas por la Justicia

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló hoy en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores que encabezó el fallecido Héctor Timerman durante el kirchnerismo junto con integrantes de La Cámpora, quienes fueron acusados por "maltrato, acoso laboral" y "persecución ideológica" a los empleados.

Con la firma de los jueces Sergio Fernández, Carlos Grecco y Jorge Argento, la sentencia avaló una indemnización por "mobbing" y "maltrato laboral" y reconoció el pago del Estado a favor de Sandra Botta en "concepto de daño moral".

La medida se determinó casi cinco años después de que Sandra Votta y otras tres empleadas de la Cancillería presentaran una denuncia contra la ex embajadora kirchnerista en Washington Cecilia Nahón y el secretario de Relaciones Económicas, Carlos Bianco, ambos aliados del ex ministro de Economía Axel Kicillof y dirigentes de La Cámpora.


De acuerdo a la mirada de los jueces, se probó en el juicio que hubo conductas reiteradas que tendían a la destrucción anímica y psíquica de la acosada.

En la misma línea, el tribunal entendió que en el caso se encontraba acreditado que habían existido comportamientos de los superiores que "eran lesivos de la integridad" de Votta –entre otras cuestiones, maltrato, persecución y hostigamiento–, las cuales no podían calificarse como episodios esporádicos, sino que se trataba de maltratos reiterados y sistemáticos de los cuales se infería una intencionalidad degradante para la accionante.

El fallo de primera instancia había determinado una indemnización hacia Votta pero por tratarse de una contratada por la Cancillería no le correspondió el pago y tampoco se hizo lugar al reclamo de "maltrato y acoso laboral" que la Cámara Federal sí determinó.

Según explicó a Infobae el abogado de la actora, Ignacio Gioino, este fallo "sentará un importante precedente para todas las causas pendientes que había en la cancillería por maltrato laboral durante el kirchnerismo". Se refería así a otras tres empleadas que también cursaron demandas por los mismos problemas.

Ahora el Estado deberá indemnizar con $200.000 a Votta. Aunque el fallo va más allá de ello ya que sienta un precedente y es la primera vez que la justicia admite que durante el kirchnerismo hubo una persecución ideológica hacia aquellos que no pensaban de la misma manera que lo hacía el vértice del poder instalado.

Durante la gestión de Timerman en la Cancillería era muy común el maltrato laboral y las presiones a los empleados para no revelar datos de adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores o el acoso hacia aquellos que no pensaran igual que el kirchnerismo. De hecho, Infobae pudo saber que muchos empleados tuvieron que recibir atención psicológica durante ese momento ante el maltrato de sus superiores.

En el fallo de Cámara se tomaron en cuenta los testimonios a favor de Votta de parte de los diplomáticos Martín García Moritán, Eduardo Angeloz y Mario Verón Guerra, entre otros. Allí los jueces determinaron que se comprobó el "hostigamiento, maltrato y acoso laboral por parte del personal jerárquico" de la Cancillería, señalando tanto a Nahón como a Bianco.

En muchos casos, este maltrato respondía a "cuestiones políticas e ideológicas, motivado en que la demandante no se alineó con la agrupación política La Cámpora", señala en una de sus páginas el fallo al que tuvo acceso este medio.

De los testimonios y el fallo se desprende que tanto Nahón como Bianco tenían una actitud de "persecución sistemática" y un trato "absolutamente inhumano" con los empleados.

Por su parte, el embajador García Moritán expresó que "durante el año 2013 comenzaron persecuciones políticas contra funcionarios diplomáticos y personal administrativo, principalmente contratados". "Las renovaciones de los contratos dependían de la simpatía, filiación política y favores personales exigidos por los funcionarios". Esta conducta era propia de los referentes de La Cámpora que estaban a cargo de la Cancillería aunque el fallo no señaló a Timerman como responsable de esos actos.