
El primer intento para comenzar a debatir el proyecto de blanqueo laboral fracasó en la tarde del martes, luego de que los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidieran no concurrir a la audiencia convocada a tal fin que se llevó a cabo en el Senado.
La ausencia fue a todas luces inesperada. El proyecto, presentado por el senador oficialista Norberto Basualdo, fue trabajado y consensuado durante meses por representantes del gobierno y la CGT.
Más aún, los miembros de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, quienes iban a participar en la audiencia, se encontraban en la sala. También iba a intervenir el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, pero ante la ausencia de la cúpula sindical, se decidió que no hablara.
El senador radical Julio Cobos fue el encargado de expresar la postura crítica de Cambiemos: "Veníamos con la idea de sacar dictamen. Lamento que la CGT, que estaba invitada e iba a venir, esté ausente", aseveró apenas iniciado el encuentro.
Además, indicó que la reunión "no era improvisada", por lo que "nadie se puede hacer el distraído". Respecto de la presencia de Sica, Cobos dijo que dadas las circunstancias, "no se lo quiso exponer".

Según fuentes parlamentarias y sindicales, la CGT tomó la decisión debido a que el Gobierno aún no transfirió los casi $14.000 millones a las obras sociales sindicales ni dio pasos hacia la distribución de otros $18.000 millones más intereses a lo largo de 10 años, medida que había oficializado el lunes por la mañana en el Boletín Oficial.
De hecho, el dirigente gremial de Obras Sanitarias y referente de la CGT en lo que respecta a temas relacionados a obras sociales, José Luis Lingeri, estuvo dentro del Congreso durante el día. Sin embargo, fue para respaldar un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, el cual se debatió durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado.
No obstante las razones que motivaron la ausencia de la CGT, el proyecto impulsado por Cambiemos recibió a su vez críticas desde el interbloque peronista. El presidente de comisión Trabajo, Daniel Lovera, aseguró que "esta ley tiene muchas cosas solamente a favor de las empresas".
"Debemos debatir cómo les damos a esos trabajadores la dignidad para que entren al mercado laboral. Estamos abriendo una puerta para que esa sea la política general para todos los trabajadores en el futuro", expresó.
En concreto, el proyecto apunta a la "regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral". Además, busca impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y reducir la litigiosidad.

Entre los 21 artículos, la iniciativa propone otorgar un plazo de 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios. A los empleadores que contraten personal dentro del año desde la aprobación de la ley se les reducirán por dos años los aportes y contribuciones
Entre otros puntos, Cambiemos plantea que se exima de multas a los empresarios y se los retire del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) si registran empleados.
Con respecto al trabajador, se le computarán hasta cinco años de aporte o la menor cantidad de meses por las que se los regularice. Estos serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del convenio colectivo de trabajo del que se trate, establece el inciso d del artículo 2° del proyecto.
De acuerdo a fuentes parlamentarias, se hará un nuevo intento para darle impulso al proyecto con una audiencia que tendría lugar el martes próximo a las 10.30.
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