La investigación sobre el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y varios de su funcionarios por irregularidades en la obra pública avanzó en las últimas horas con múltiples allanamientos ordenados por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.
El magistrado, que investiga el otorgamiento discrecional de concesiones a empresas que estarían vinculadas a Ferraresi y sus funcionarios, dispuso procedimientos que incluyeron uno en el propio municipio.
Según los registros del Tribunal de Cuentas bonaerense, el municipio de Avellaneda, con Ferraresi al frente, fue el que más fondos recibió por parte del Estado nacional entre los años 2010 y 2015. En esa etapa fueron girados cerca de 2.800 millones de pesos, siendo 2015 el año con mayores valores, cercanos a los 700 millones.
La investigación judicial se inició tras haber sido detectado que los fondos municipales fueron direccionados a un pequeño grupo de empresas constructoras, algunas de ellas sin empleados registrados o con domicilios ficticios, llegando una de ellas a declarar como domicilio las vías del tren Roca en Sarandí. Del mismo modo, otras sociedades directamente no cuentan con ningún tipo de antecedentes.
Los indicios que se denunciaron en sede judicial radican en que dichas empresas tendrían vínculos muy cercanos a Ferraresi y a sus funcionarios de mayor confianza. Una de las empresas constructoras investigadas habría sido constituida en primer término por dos albañiles, ingresando posteriormente como accionistas de la sociedad individuos con vinculación a funcionarios públicos del Municipio de Avellaneda.
De esta manera, la Justicia investiga si el jefe comunal que más fondos recibió durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner decidió discrecionalmente asignarlos a empresas constructoras vinculadas a su entorno familiar y a su círculo de funcionarios municipales.
Fuentes judiciales indicaron que varios funcionarios de Avellaneda e incluso una hija de Ferraresi manejan automóviles registrados a nombre de las empresas sospechadas, lo que comúnmente se conoce en el mundo judicial como "retorno" de la obra pública.
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