Carlos Soto Dávila, ex juez federal de Corrientes y en prisión domiciliaria, quedó a un paso del juicio oral y público por el presunto cobro de coimas para beneficiar a narcotraficantes. La Cámara Federal confirmó ayer su procesamiento, el de dos secretarios judiciales y de cuatro abogados que formaban parte de la maniobra, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, señalaron que Soto Dávila y el resto de los acusados "habrían coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas vinculadas con actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte, ocupándose de la coordinación y obtención de los desembolsos de dinero".

El ex juez Soto Dávila
El ex juez Soto Dávila

Puntualmente, Soto Davila cobraba coimas para liberar, dictar fallos favorables o no investigar a personas acusadas y detenidas por narcotráfico. Los secretarios judiciales Pablo Molina y Federico Grau eran quienes les cobraban las coimas a los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Giménez, Omar Serial y Tomás Viglione y se la daban al juez. A todos ellos la Cámara les confirmó el procesamiento.

Las coimas comenzaban en los 15 mil o 30 mil pesos hasta llegar a cifras más elevadas como 300 mil y a veces en dólares

Para confirmar los procesamientos, el tribunal se basó en las escuchas telefónicas y el testimonio de arrepentidos que obtuvieron el juez federal Sergio Torres y los fiscales Diegos Iglesias -titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) – y Carlos Stornelli, a cargo de la causa.

Uno de los arrepentidos contó en detalla cómo arreglaba con los secretarios para pagarles las coimas. "Fueron muchos los hechos de 'arreglos'con Molina por liberados y él me decía ´mirá que yo tengo que juntar para el viejo´", declaró y contó los casos en los que intervino.

También relató que, como en las películas, se encontraban en una calle poco transitada, se bajaban de los autos y le daba un sobre con el dinero. El arrepentido es uno de los abogados procesados.

Por su parte, en las escuchas telefónicas se obtuvo un dialogo en el que un acusado de narcotráfico le dice a otra persona "yo tengo un abogado ahí que se está moviendo y que mis papeles pasan para Soto Dávila, si pasan para Soto Dávila que es el juez piola este de Corrientes, ese si le tiran una punta y se arregla, viste. Si es Soto Dávila no pasa nada, viste, le tirás unos pesos, se arregla".

Natividad Terán, el intendente de Itatí preso
Natividad Terán, el intendente de Itatí preso

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Soto Dávila -quien estuvo al frente del juzgado más importante de Corrientes durante 20 años- como jefe de una asociación ilícita y por ocho casos de coimas y prevaricato. En primera instancia también había sido procesado como jefe de una asociación ilícita. 

También ratificó su prisión preventiva. Por su edad y estado de salud, el ex juez está bajo prisión domiciliaria. El juez Torres ordenó el año pasado su detención pero no se todavía concretar porque tenía fueros. Soto Dávila renunció a fines de febrero -a pocos días de tener que presentarse en el Consejo de la Magistratura que tenía previsto sacarle los fueros- y se internó en una clínica por problemas cardíacos. Ahora está preso en su domicilio.

El tribunal también ratificó el procesamiento de los secretarios judiciales -que seguirán detenidos en prisión- y de los abogados Barboza Galeano, Serial, Giménez y Viglione, quienes fueron liberados.

Con el fallo de la Cámara los acusados quedan en condiciones de ser enviados a juicio oral y público. Esta causa se trata de la parte "judicial" de un expediente más grande que investiga el narcotráfico en Corrientes y que tiene presos al intendente de la localidad de Itatí, Natividad Terán, a su vice, Fabián Aquino, a oficiales de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional.