La fiscal federal Paloma Ochoa pidió que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sea enviada a juicio oral y público por la presunta defraudación al estado nacional en la construcción de viviendas sociales del programa "Sueños Compartidos".
Ochoa le solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el pase a juicio de Bonafini y así completó la tanda de acusados para esa etapa del proceso. La Fiscalía había pedido a principios de octubre el envío a juicio de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros acusados.
En octubre, la fiscal no había requerido el juicio para Bonafini porque entendió que faltaban las medidas de prueba sobre su situación. Pero el magistrado rechazó el planteo e instó a la Fiscalía a mandar el caso a juicio. Ochoa explicó que lo hizo para no demorar el proceso y agregó que las medidas de prueba que propuso se pueden realizar en la etapa de juicio.
En el caso se investiga el destino que tuvieron cerca de 206 millones de pesos de los 748 millones que la Secretaría de Obras Públicas le dio a Madres de Plaza de Mayo para que en su programa "Sueños Compartidos" construya viviendas sociales en distintos municipios y provincias del país.
Según la acusación, Bonafini será juzgada como presunta partícipe de defraudación a la administración pública por avalar el accionar de los hermanos Schoklender, a cargo de la Fundación, y principales acusados del desvío de los fondos.
Bonafini fue declarada rebelde en esta causa y tuvo un pedido de detención. Fue en agosto de 2016, cuando el juez la citó a indagatoria y la dirigente no se presentó. Finalmente, el magistrado le tomó declaración a la mujer en la sede de Madres de Plaza de Mayo.
Por el caso serán juzgadas 17 personas, entre ex funcionarios, integrantes de la Fundación y empresarios que intervinieron en las maniobras de compra de bienes de los fondos públicos.
También está acusado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, pero el juez Martínez de Giorgi todavía no cerró la investigación sobre su caso. Es porque la Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver si confirma su procesamiento.
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