La flamante presidencia de Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia sumó una nueva controversia. Al malestar de los otros integrantes del máximo tribunal por la resistencia a tratar cuatro casos sensibles, ahora se sumó que el presidente realizó la polémica designación de un funcionario de la Procuración del Tesoro.
Se trata de Juan Pablo Lahitou, mano derecha de Bernardo Saravia Frías en el ente que asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo. A partir de la resolución que firmó Rosenkrantz, Lahitou tendrá el cargo de secretario letrado -casi equivalente al de juez- e integrará la estratégica Secretaría de Desarrollo Institucional, que había sido impulsada por el nuevo titular de la Corte.
Esto no es la primera vez que ocurre. Cuando asumió, Rosenkrantz también había designado a Felicitas Fuentes Benítez, quien también provenía de la Procuración del Tesoro y pasó a formar parte de su vocalía.
Las contrataciones pusieron en alerta a funcionarios judiciales, que advierten sobre un posible conflicto de intereses debido a que miembros del organismo que defiende judicialmente al Ejecutivo estén ahora del lado del escritorio que debe impartir justicia.
Otro cuestionamiento a esta maniobra es que se da en momentos en que la Corte debe sacar un fallo clave sobre los jubilados que les permitiría reajustar los haberes muy por encima de lo que pretende el Gobierno.
En relación a esto, justo el mismo día en que designan a Lahitou la Casa Rosada publicó en el Boletín Oficial la ratificación del controvertido índice Ripte de ajuste de jubilaciones, un indicador de salarios conformado por las remuneraciones en blanco. Esto se hizo a través de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, la primera resolución que emite en el año.
Lo que debe decidir la Corte es cuál es el índice de actualización de haberes que debe usar la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para pagar a los jubilados que reclamaron y ganaron juicios al Estado. Los fallos judiciales a favor de los jubilados utilizaron el Isbic (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción). En el caso de que la decisión de la Justicia sea contraria, el Gobierno deberá afrontar pagos millonarios.
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