
El juez Sebastián Ramos dictó varios procesamientos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa en la que se investigó el manejo de bonos de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) de manera irregular.
El caso comenzó luego de la llegada de Axel Kicillof al ministerio de Economía durante el kirchnerismo. El actual diputado nacional por Unidad Ciudadana, en 2013, desplazó de la conducción de ARSAT a gente que había designado allí el ex ministro de Planficación Julio De Vido. Fue Matías Bianchi Villelli, ex compañero de división de Kicillof del Colegio Nacional de Buenos Aires, quien presidió ARSAT luego del recambio de autoridades e hizo la denuncia que terminó hace unos días con cuatro procesamientos.
Bianchi Villelli había denunciado al ex subgerente de Administración y Finanzas de ARSAT Rafael José Rossi, quien había alquilado los bonos que conformaban por entonces el patrimonio de ARSAT. El alquiler de bonos es algo bastante común-explican en el sistema financiero- para realizar operaciones de apalancamiento.
A Rossi se le había entregado un poder para actuar en representación de ARSAT en los negocios de cualquier tipo siempre y cuando las operaciones no excedieran los 50 mil pesos. En virtud de ese poder, Rossi firmó convenios con la sociedad de Bolsa "Tranexbur" (actual GPS Extrabursátil) y entregó en alquiler bonos por un valor nominal que ronda los 79 millones de pesos. El plazo del alquiler coincidía con el vencimiento de los títulos: diciembre de 2038.
La denuncia a partir de la que se abrió el expediente señalaba que "el fraude cometido por Rossi consiste en el haber perjudicado los intereses de la empresa al haber alquilado los títulos públicos por un lapso muy prolongado de tiempo, imposibilitando, de ese modo, la disposición de los mismos para cumplir con la finalidad que marca el estatuto de la sociedad".

Al inicio de la causa, en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, se tenía la hipótesis de que había habido una defraudación a la administración pública. Pero un peritaje contable determinó que no hubo perjuicio para el Estado. Sin embargo, como Marcos Rossi, hermano del ex funcionario de ARSAT era director de la sociedad Tranexbir, el caso se orientó a las negociaciones incompatibles con la función pública.
En el procesamiento dictado por Ramos, al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, se explicó que "… ha de destacarse que a lo largo de la instrucción la cuestión en principio versó sobre la posible administración fraudulenta, que luego por acumulación de prueba derivó en que hubo una negociación direccionada por parte de Rafael Rossi y a través de la posición que éste tenía en ARSAT SA, destinada a beneficiar a la empresa que en aquel entonces se denominaba Tranexbur SA, de la cual su hermano Marcos fue director suplente, contemporáneamente en los períodos en los que se efectuaron los contratos de alquiler títulos valores y sus addendas , cuestión que ni el Presidente de la empresa, ni su director titular podían desconocer y que demás está decir les convenía por sobre otros posibles competidores, ello, además de que días antes se habían modificado los plazos de vencimiento sin que fehacientemente la empresa haya protestado".
El juez, en este sentido, señaló que "como se puede apreciar,…el tipo penal encuadra en el de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública del art.265 del CP, y no en el de administración fraudulenta, ya que no se cuenta acreditado en las actuaciones un perjuicio patrimonial actual, que es propio de aquel delito, pero sí que Rafael Rossi, beneficio con contratos de alquiler en el período de 2011 a la empresa Tranexbur SA, a sabiendas de lo irregular de su actuar al firmar la tercera addenda, trastocando de esa forma la misión que por su cargo tenía que respetar".
El procesamiento dictado por Ramos recayó sobre el ex funcionario de ARSAT (fue despedido) Rafael José Rossi, su hermano Marcos y José Rogelio Llambí y Federico Llambí directivos de la sociedad de bolsa involucrada en el caso.
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