La interna del PJ prende algunas luces de alarma en el tablero del oficialismo

La interna del peronismo, por ahora desordenada y con tantas exhortaciones a la unidad como ensayos contrapuestos, hace difícil suponer acciones coordinadas en esa vereda. Pero aún así, algunas señales alcanzarían para hacer titilar luces amarillas en el tablero del Gobierno. El gobernador pampeano, Carlos Verna, dice que rompe el pacto fiscal. Y la pelea entre las principales vertientes del peronismo –el kirchnerismo y el conglomerado de jefes provinciales- hace cada vez más trabajosos los equilibrios y acuerdos que el oficialismo necesita tejer para aprobar leyes, incluso después de podar artículos destacados de los proyectos originales.

El Gobierno nunca ha sido indiferente a la disputa en el peronismo, por necesidades de gestión o bajo el presupuesto que anota como pura ventaja la proyección electoral de una oposición fragmentada. Siempre operó o intentó hacerlo en todos los terrenos, no sólo con los gobernadores: también en el Congreso y con los referentes sindicales, como parte del necesario ejercicio político de negociación.

Dicho de otra forma: el punto en lo inmediato no son las elecciones, lejanas, ni el impacto de la interna peronista en la sociedad –que según la mayoría de las encuestas sigue siendo negativo, a pesar de la caída de imagen que sufrió el Gobierno durante el verano-, sino los desafíos que plantea el andar desacompasado entre economía y expectativas sociales. El famoso dilema del gradualismo.

Al menos en el análisis de algunas cabezas del oficialismo asoman dos temas: el primero, es cómo avanzar políticamente en el año largo que resta hasta entrar en clima abiertamente de campaña; el segundo, la posibilidad de que la rivalidad por el liderazgo de la oposición sea dirimida por los distintos peronismos en una suerte de competencia frente al Gobierno. Una competencia que no estaría definida exclusivamente por el grado de dureza: podría expresarse también en condicionamientos para las negociaciones y en una disputa para imponer la agenda pública.

En la madrugada del viernes pasado, un caliente intercambio de facturas marcó el cierre de la primera sesión del año en Diputados. El oficialismo logró aprobar los tres proyectos en que debió descomponer el mega Decreto de Necesidad y Urgencia despachado por Mauricio Macri con la consigna de desburocratizar el Estado. Por supuesto, debió sumar el apoyo del peronismo de los gobernadores y de algunos otros legisladores para darle sanción y remitir las tres iniciativas al Senado.

La sesión no sólo dejó ruidos. Los proyectos sumaron alrededor de 140 votos a favor. La oposición llegó a expresar un rechazo más o menos uniforme en un caso, rozando los 90 votos, y en otros se dividió entre la negativa y la abstención. Por esos caminos transitaron el kirchnerismo, el más menguado bloque massista y la izquierda. Fue, mirado así, un resultado previsible.

Pero el malestar sobrevino al final, porque desde la oposición se pretendía aprobar un rechazo explícito al referido DNU, aunque se hubiera fragmentado en tres leyes. Lo que se pretendía era un mensaje de derrota para Macri. Una señal política nítida, que no resultara amortiguada por la negociación que debió encarar el oficialismo cuando quedó en claro que el decreto estaba condenado en el Congreso.

El griterío y algunos insultos, en especial del kirchnerismo, estuvieron dirigidos a los legisladores de Cambiemos, que abandonaron el recinto para impedir la votación. Pero también apuntaron a los diputados alineados con los jefes provinciales del PJ, que del mismo modo dejaron sin número la sesión. Esa presión del bloque que se referencia exclusivamente en Cristina Fernández de Kirchner seguirá en ascenso. Y el punto no es la capacidad de soportarla por parte del oficialismo, sino el tipo de desafío que le hace a otros sectores peronistas.

Los principales negociadores y referentes de Cambiemos en el Congreso vienen adelantando desde el verano que necesariamente el Gobierno buscará avanzar con proyectos que no provoquen grandes combates legislativos, aunque por supuesto habrá rispideces. Pero el realismo indica que la necesidad de acuerdos que carga el oficialismo –siempre, porque carece de mayorías propias en las Cámaras- tiene desafíos adicionales: no abrir el juego a posibles sobredemandas del peronismo más conversador y evitar escenarios de alto riesgo, como ocurrió en diciembre con la ley que cambió el mecanismo para ajustar jubilaciones.

La interna del peronismo expone al mismo que el bloque de gobernadores tiende a estructurarse, pero sigue siendo un conjunto homogéneo, sin un liderazgo visible que facilite la articulación con Macri.

El caso de Verna le agrega una par de pinceladas a ese cuadro. El gobernador es considerado un duro con perfil tradicional dentro del PJ. En general, mantuvo una línea de tensión con el Presidente, luego de la revancha dentro del propio peronismo que representó ganar la gobernación en 2015: su relación fue de enfrentamiento con el kirchnerismo en la era de la ex presidente.

Verna hizo saber que romperá el pacto fiscal firmado con el resto de los distritos, a excepción de San Luis, y el gobierno nacional. Afirma que no le cumplieron la promesa de arrimarle unos 400 millones de pesos para enfrentar el déficit del sistema jubilatorio que arrastra desde 2016. Y deja trascender que reavivará una demanda ante la Corte Suprema por fondos que reclama la provincia. En el Ministerio del Interior rechazan los motivos alegados por Verna y sostienen que al desconocer el acuerdo fiscal firmado el año pasado, La Pampa perderá unos 575 millones de pesos, es decir, más de lo que reclama.

El gobernador pampeano viene además disgustado desde que Macri laudó a favor de la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en el sur mendocino. El emprendimiento sobre el río Grande es respaldado por las otras provincias involucradas en las tratativas (además de Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén), pero fue rechazado de manera cerrada por La Pampa.

En la cuestión monetaria, de todos modos, no habría que cerrar la puerta a las negociaciones. Es plata, y la posible pérdida de fondos terminaría afectando también a los municipios de la provincia, lo cual abre un frente más complejo y que supera los límites de la política. Eso, sin contar cuál sería la lectura en la interna más amplia del peronismo. La dureza y el rechazo al pacto fiscal lo deja emparentado con Rodríguez Saá, pero no parece que lo atraiga el camino de una convergencia tardía con el kirchnerismo.

Como sea, es una astilla en medio de un reacomodamiento del peronismo que recomienda pensar en caminos complejos antes que en senderos lineales. Por lo pronto, y como contrapunto de la serie de encuentros que hacen girar la unidad en torno de la figura de la ex presidente, o de un imaginario neokirchnerista, algunos gobernadores preparan una puesta en escena junto a Miguel Angel Pichetto, su jefe de bloque, para fines de la semana próxima. No se trata sólo de la relación con el oficialismo: el acto busca sumar platea para el 2019.