La diputada Elisa Carrió amplió la presentación ante el Consejo de la Magistratura en la que sugirió que los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah podrían haber recibido coimas para votar a favor de Cristóbal López en la causa que se instruye en la Justicia federal por al deuda de Oil Combustibles.
En el nuevo escrito, fechado el 26 de marzo, "Lilita" le solicitó al secretario de la Comisión de Disciplina y Acusación, Andrés Leandro García, que se arbitren las medidas necesarias para determinar si familiares de ex directivos del Casino de Puerto Madero -propiedad de López- cumplen funciones para el juez Farah o para algún otro integrante de la Justicia.
Las sospechas de la legisladora de Cambiemos recaen sobre Jorge Mazzaglia, un abogado que fue descripto en publicaciones periodísticas como "un hombre con llegada a los pasillos de Comodoro Py" y quien habría tenido un cargo en la conducción de juegos.
"Debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con este último (por Farah) y con los magistrados denunciados", solicitó la legisladora.
"Igualmente, debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I), conforme Resolución N° 3390/2012 y el 27 de abril de 2016 para desempeñarse con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Cámara en la Sala II, Vocalía del Dr. Farah (Resolución 1018/2016); y/o con Marcelo J. Mazzaglia, quien conforme surge de la Resolución N° 3408/2015, resulta ser el jefe de despacho de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal", agregó.
Farah y Ballestero son los jueces que revocaron la prisión preventiva de Cristóbal López y dispusieron un cambio de calificación legal que, de no revertirse en la Cámara de Casación, podría beneficiar la situación del imputado, acusado de retener $10 mil millones del impuesto a los combustibles que se les cobra a los consumidores cada vez que cargan nafta.
Este martes, en un acto que se realizó en Casa Rosada, el saliente jefe de la AFIP, Alberto Abad, se mostró esperanzado en que el máximo tribunal penal del país revierta la decisión de la Cámara Federal.
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