El tribunal de apelación del Vaticano declaró este martes la nulidad del juicio contra el cardenal Angelo Becciu y ordenó un nuevo proceso, en una resolución que golpea de lleno el legado judicial del difunto papa Francisco. La sentencia, de 16 páginas, señaló que tanto la fiscalía como el propio Francisco incurrieron en errores procedimentales que viciaron la acusación original desde su raíz. El nuevo juicio comenzará el 22 de junio.
El fallo estableció dos causas de nulidad. La primera: documentos recabados en la fase de investigación no fueron entregados en su totalidad a la defensa, lo que impidió a los acusados conocer pruebas relevantes antes del juicio. La segunda, y más inédita: uno de los cuatro decretos secretos que Francisco firmó para ampliar los poderes del fiscal nunca fue publicado y, según el tribunal, eso lo privó de toda validez jurídica. Los abogados defensores calificaron este punto como histórico: por primera vez un tribunal vaticano declaraba nulo un acto formal del papa.
Los letrados de Becciu, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, afirmaron que el fallo confirmaba lo que sostuvieron desde el inicio: que la defensa operó en condiciones de inferioridad frente a la fiscalía. “Demuestra que desde el primer instante teníamos razón al denunciar la violación del derecho a la defensa”, declararon según Associated Press. La condena de 2023 permanece técnicamente en vigor, aunque Becciu no cumple prisión mientras se agota la vía de recursos.
El caso tiene su origen en la inversión de 350 millones de euros —unos 413 millones de dólares— que la Secretaría de Estado vaticana realizó entre 2013 y 2014 en un inmueble de Sloane Avenue, en el barrio londinense de Chelsea. La operación resultó ruinosa: la Santa Sede perdió entre 140 y 190 millones de euros, según la fiscalía, por comisiones infladas cobradas por intermediarios y una posterior extorsión de 15 millones de euros para recuperar el control del edificio. Becciu, como sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, fue considerado responsable de autorizar una apuesta que los jueces describieron en 2023 como una “total indiferencia” hacia las normas financieras del Vaticano.
El proceso, que arrancó en julio de 2021 e involucró a diez acusados —entre ellos el financiero Raffaele Mincione y el banquero Enrico Crasso—, fue el más ambicioso de la historia judicial vaticana. A lo largo de sus dos años y medio afloraron revelaciones incómodas: pagos de rescates a grupos yihadistas por la liberación de religiosos secuestrados, presuntas operaciones de espionaje interno y maniobras de influencia sobre testigos. Miles de páginas de mensajes de WhatsApp pusieron en entredicho la imparcialidad del Promotor de Justicia Alessandro Diddi y apuntaron a una coordinación impropia entre la fiscalía y el entorno del difunto pontífice.
Becciu, de 77 años, fue durante años uno de los prelados más influyentes de la Curia romana. Cayó en desgracia en septiembre de 2020 cuando Francisco le exigió la renuncia a sus derechos cardenalicios y no pudo tomar parte en el cónclave de 2025 que eligió a León XIV. El nuevo papa, canonista de formación, hereda un caso que Francisco promovió como bandera de su reforma financiera y que regresa ahora a punto cero, con la reputación de la fiscalía vaticana seriamente comprometida.
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