La historia de los jueces que se quedaron sin tribunal

El objetivo de la ley era fortalecer los tribunales orales y acelerar los juicios por corrupción. Pero pasó lo contrario. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó todo y generó una pelea política con el gobierno de Mauricio Macri. Y tuvo una consecuencia inmediata: tres jueces se quedaron sin tribunal y probablemente sin nada que hacer en los próximos meses.

La historia es la de los jueces Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Nocetti Achával. De un Tribunal Oral Criminal pasaron a un Tribunal Oral Federal. Pero el primero ya no existe y el segundo fue inhabilitado por la Corte.

Todo comenzó en diciembre de 2016 cuando el Congreso aprobó un proyecto del gobierno nacional de "Fortalecimiento de los Tribunales Orales". La ley convertía a cinco tribunales orales criminales -que juzgan delitos comunes como homicidios y robos- en federales -que son los encargados, entre otras cosas, de las causas de corrupción-. Pasaban a ser parte del famoso "fuero federal de Comodoro Py" con el objetivo de acelerar los juicios orales.

Becerra, Mora y Nocetti Achával integran el Tribunal Oral Criminal 10. El Consejo de la Magistratura de la Nación los convirtió en el Tribunal Oral Federal 9 y comenzaron a funcionar en diciembre pasado.

Los jueces se convirtieron en el centro de atención judicial y política: por sorteo les tocó en febrero la causa por lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez y un mes después la del memorándum de entendimiento con Irán, en la que está procesada la ex presidente Cristina Kirchner. Por el primer expediente se podían quedar con el resto de las causas de corrupción que involucran a la ex mandataria. Así, iban a ser el tribunal oral más importante del país.

Pero todo se cayó hace una semana. La Corte Suprema dictó una acordada en la que por mayoría de tres a dos resolvió que el tribunal tenía que devolver todas sus causas y que no podía funcionar. La explicación fue que en el proceso de selección de los jueces no intervino el Poder Ejecutivo y el Senado y que los magistrados fueron designados para una competencia -la federal- cuando habían sido elegidos para la ordinaria.

"Estamos en un limbo", repiten desde hace una semana los jueces, según puso saber Infobae de colegas que hablan a diario con ellos. El tribunal 10 ya no existe y el federal 9 no funciona. "Desaparecimos de la guía judicial", señalan. Tan es así que ya no reciben causas porque ninguno de los dos tribunales están en el sorteo de expedientes.

Hoy los jueces trabajan con el remanente de causas que tenían como tribunal 10. Son unas 40. El pronóstico de los magistrados es que cerca de mitad de año ya las puedan tener resueltas. ¿Y después? Nadie sabe dar una respuesta.

También es una incógnita qué puede pasar con las causas federales que resolvieron. Por ejemplo, con un hombre que fue condenado a cuatro años de prisión por comercio de drogas y que está preso. Muchos señalan que esa condena es nula porque la dictó un tribunal que no estaba habilitado para funcionar.

El Consejo de la Magistratura realizará el próximo miércoles un plenario extraordinario para analizar el caso. La Cámara Federal de Casación Penal -el superior de los tribunales orales y a cargo del sorteo de los juicios- le envió el miércoles pasado al Consejo un oficio en el que le preguntó al Consejo "la situación de revista y las funciones que en lo futuro harán de desplegar" los jueces Becerra, Mora y Nocetti Achával y si corresponde incluirlos "en el sorteo de causas de competencia penal ordinaria". La Corte retó a Casación por haber incluido en el sorteo a un tribunal que no estaba habilitado.

Todas las miradas apuntan hoy a la Corte Suprema de por qué inhabilitó al TOF 9 y, por ende, suspendió la puesta en marcha de los otros tribunales federales sobre los que el Consejo estaba avanzando. Más allá de los argumentos jurídicos en Tribunales hay un convencimiento general de que hay razones políticas. La hipótesis más fuerte es una pelea del máximo tribunal con el gobierno de Macri, en donde la decisión de la Corte generó mucho enojo. La segunda es que la creación de los TOF tenía una segunda etapa de ampliar los juzgados federales de primera instancia, donde se investigan las causas de corrupción y donde está en verdadero poder. Al principio del gobierno de Macri los jueces federales le hicieron saber al ministro de Justicia, Germán Garavano, que se oponen a una medida así. Es repartir el poder en más en jueces.

Los magistrados que se quedaron sin tribunal están desconcertados. Se preguntan por qué la Corte tardó tres meses en resolver la inhabilitación.

Una semana después de recibir la causa de Báez se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien les prometió más recursos para afrontar las causas federales, entre ellos más personal. Inclusive habían recibido una oficina para poner los expedientes de la causa Báez que estaba siendo acondicionada por personal de la Corte y del Consejo. Después de la resolución de la Corte, ningún juez volvió a hablar con el máximo tribunal.

Otro punto genera incógnitas y abona sospechas. La Corte había habilitado a otro tribunal federal, el 7, con un juez en las mismas condiciones que los del 9. Se trata de Guillermo Yacobucci, a quien el Consejo pasó de un tribunal criminal o otro federal y que el máximo tribunal no objetó.

Becerra, Mora y Nocetti Achával sienten que quedaron en el medio de una pelea que les es ajena, expuestos y hasta "manoseados". "No somos ni kirchneristas, ni macristas. No íbamos con ninguna sentencia ya escrita para condenar a Cristina", repiten. La referencia es a la suspicacia que en muchos sectores causó que a poco de pasar a ser un tribunal federal les haya tocado dos causas de tanta relevancia política como la de Báez y la del memorandum.

Eso tiene otro capítulo. La ley que creó los tribunales federales delegó en el Consejo la tarea de designar a sus integrantes pero sin un sistema específico de selección. "Fue a dedo", repiten muchos jueces en tribunales, inclusive algunos cuyos nombres eran candidatos.

Los magistrados que comenzaron a ser elegidos son cercanos al gobierno nacional o a los sectores más fuertes de la Asociación de Magistrados. Nocetti Achával tuvo como secretario a Juan Mahiques, el hombre encargado de las relaciones con el Poder Judicial del gobierno de Macri y su representante en Consejo. Mora es la esposa de Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados.

Los jueces señalan que hace más de 20 años trabajan en tribunales, son profesores universitarios, nunca recibieron una sanción y que recibieron dos premios a la excelencia judicial.

El gobierno y el peronismo avanzaron juntos para intentar destrabar la resolución de la Corte. Tres senadores presentaron un proyecto para adecuar la ley de creación de los tribunales federales a lo que dijo el máximo tribunal. Creen que así se puede zanjar el problema.

Pero no hay certeza que esto sea inmediato. Lo concreto es que no hay nuevos tribunales orales para acelerar las causas de corrupción y se perdió uno para juzgar homicidios y robos. No se fortaleció nada y todo quedó envuelto en la pelea de la política.