G20: nuevas propuestas para potenciar la infraestructura

El G20 es el foro de gobernanza económica, de cooperación y coordinación internacional más importante del mundo, que abarca el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial, 75% del comercio internacional y 80% de las inversiones globales. Liderar el grupo es un desafío enorme, y pone al país en un lugar central en el mundo.

Este año, la Argentina es responsable de definir la agenda, buscando el consenso entre todos los miembros. Esta tarea -en un momento donde la cooperación es tan importante para el desarrollo- implica muchísima responsabilidad.

Como presidente del G20, Argentina tiene un doble rol: es responsable de asegurar que la agenda del grupo siga siendo la más relevante a nivel internacional y global, y a la vez, está en una posición de impulsar aquellas prioridades que están vinculadas a la agenda local. Es por eso que se definieron tres prioridades para la presidencia argentina: el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.

El Canal de Finanzas, liderado por el ministerio de Hacienda y el Banco Central, se enfocará principalmente en las primeras dos prioridades. Y en esta ocasión quisiera detenerme en cuál es la propuesta argentina para mejorar el financiamiento de los proyectos de infraestructura.

Según algunas estimaciones, en los próximos 15 años hacen falta 5,5 billones de dólares para financiar programas de infraestructura que permitan continuar con el ritmo actual de crecimiento. Por otro lado, inversores institucionales poseen alrededor de 80 billones de dólares en activos disponibles para ser invertidos, precisamente en proyectos de larga duración y con alto rendimiento.

¿Cómo facilitar el flujo de capital entre aquellos que lo tienen y aquellos que lo necesitan? Aunque el deseo entre ambas partes está, los canales de transmisión de hoy no tan eficientes. Y este es el principal aporte de la prioridad que plantea la Argentina: crear una nueva clase de activo que permita estandarizar partes del proceso de financiamiento.

Un ejemplo que podríamos usar de una experiencia similar fue la estandarización de los bonos soberanos durante la década del ochenta. Antes de este proceso, estos activos eran muy diferentes: cada préstamo tenía documentación diferente. Con el correr del tiempo, se empezó a entender que redactar el mismo tipo de contrato legal facilitaba muchísimo la diversificación entre los inversores y la comprensión del activo financiero, especialmente cuando había algún problema de cesación de pagos o cualquier tipo de reestructuración del activo.

La propuesta argentina busca lograr algo similar con los proyectos de infraestructura. ¿Cuál sería la estructura legal correcta para que los documentos sean similares para aquellos inversores interesados en financiar la construcción de un puente en la Argentina, un dique en Vietnam o una granja en Botsuana? Sin dejar de lado las características individuales de cada proyecto, de cada territorio, de cada sistema legal, ¿cuál sería el conjunto mínimo de estructuras en común que permitirían que estos proyectos se puedan diversificar? Esto es lo que queremos empezar a definir, un proceso que facilitaría la liquidez en el mercado secundario, y estimularía el interés de los inversores.

Sabemos que es un objetivo muy ambicioso, pero somos conscientes de que será un proyecto que continuará en los próximos años: este año avanzaremos en la hoja de ruta que establecerá cuál es la dirección que adoptarán futuras presidencias. Y seguiremos trabajando con el resto de los miembros para poder alcanzar un acuerdo que incluya estándares internacionales que pueda ser adoptados no sólo por países del G20, sino por todos los países que lo deseen.

*El autor es deputy del Banco Central de la República Argentina frente al G20