Mariano Federici, titular de la UIF (Adrián Escandar)
Mariano Federici, titular de la UIF (Adrián Escandar)

Un narcotraficante preso, procesado, y con todos sus bienes inhibidos sigue pagando uno de los estudios de abogados más caros del país. Casos como ese dispararon un control más estricto de los honorarios que cobran los abogados. La medida, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), por ahora solo se aplica a los defensores de procesados en causas donde se investiga el delito de lavado de dinero derivado del narcotráfico y el comercio de estupefacientes. Son unos 100 expedientes, donde intervienen igual o mayor cantidad de abogados, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. Los involucrados ya comenzaron a recibir intimaciones: tienen que declarar cuánto cobra y quién les paga. En una segunda etapa se sumarán las causas de corrupción que tramitan en Comodoro Py, pero sólo aquellas donde la UIF colabora con la Justicia.

En la UIF aseguran que un sistema similar se aplica en países como Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, donde se controlan los honorarios de abogados defensores de narcos y terroristas. Y destacan que la iniciativa estaba prevista desde el comienzo de la gestión, hace más de dos años.

La nota, de apenas dos carillas, intima a los abogados a informar, en un plazo de 10 días, el importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional. Además deberán indicar la fecha y la forma de pago y el nombre de la persona que les abonó o debe abonar dichos honorarios.

Para los abogados que defienden narcotraficantes es una bomba de tiempo porque el pago de honorarios suele ser un asunto intrincado, con varias personas interviniendo. "No es lógico que el producido del delito (narcotráfico) se siga canalizando en el pago de honorarios", retrucan en la UIF ante una consulta puntual de este medio.

Pero la iniciativa ya despertó polémica. La primera objeción es que la medida, adelantada hace una semana por el diario Perfil, afectará el secreto profesional. "La información implica una violación no sólo al principio amplio de la defensa en juicio, sino de los derechos a la privacidad e intimidad de sus clientes, garantías, que deviniendo del art. 19 de la Constitución Nacional, se cristalizan en normas tan claras y específicas como el art. 244 del Código Procesal Penal de la Nación y del art. 156 del Código Penal, que reprime la violación del secreto profesional", opinó el abogado Martín F. Chasco en una columna de opinión publicada en Infobae.

Para el abogado Carlos Broitman, defensor de varios narcotraficantes, también se afectará el secreto profesional. "Los abogados no somos sujetos obligados a dar información y en el ejercicio de una defensa nos rige el secreto profesional desde el momento que tenemos la entrevista previa con el imputado. La UIF no puede generar, modificar o interpretar leyes a su arbitrio", opinó en diálogo con este medio.

En los colegios de abogados todavía no hay una postura definida. El titular del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo le dijo a Infobae que todavía están estudiando la medida. "Vamos a acompañar (la iniciativa de la UIF) siempre y cuando no se afecten el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y sobre todo el secreto profesional de los colegas", dijo. En el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad ocurre algo similar.

Con todo, hasta ahora no hay ninguna respuesta negativa presentada ante la UIF. "No es un ataque a los abogados ni al libre ejercicio de la profesión. En el caso de los narcotraficantes, nadie impide que pague un tercero o el mismo procesado a través de un negocio licito", resaltaron en el organismo sobre el avance de la medida.

En una segunda etapa, se sumarán las causas de corrupción donde la UIF colabora con la Justicia. Son alrededor de 30 causas más, que se sumarán a las 100 iniciales. Los requerimientos seguramente tendrán consecuencias en las causas que tramitan en Comodoro Py.