Un hombre llamado Claudio Martín Kusy fue procesado con prisión preventiva, acusado de ser quien dejó un explosivo casero frente al departamento central del Policía Federal el 5 de enero pasado y que en su interior tenía un mensaje que decía: "P.O. Partido Obrero. Libertad a los arrestados en Congreso o los ataques seguirán".
Kusy tiene 39 años, vive en la calle, es adicto a las drogas y estuvo preso en la cárcel de Ezeiza.
El procesamiento fue dictado por el juez federal Sebastián Ramos por el delito de intimidación pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión y que puede llegar hasta 10 si se usan explosivos. El magistrado dispuso además que Kusy siga detenido por posible riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, le informaron a Infobae fuentes judiciales.
Ahora la investigación buscará dar con una segunda persona que participó del hecho y los eventuales autores intelectuales.
La tarde del 5 de enero se halló un explosivo casero debajo de un patrullero que estaba estacionado sobre la calle Virrey Ceballos frente al departamento central de la Policía Federal.
A través de dos cámaras de seguridad de la zona se determinó que una persona con un carro de los que usan los cartoneros se paró frente al patrullero y puso un paquete debajo del auto. Luego se observó cómo del interior del carro salió otra persona.
Quien dejó el artefacto fue identificado por otras dos personas que también están en situación de calle. Además la causa sumó un tercer testimonio de una persona de la zona que dijo que quien aparece en las fotografías que le mostraron era Kusy.
El acusado fue detenido y negó la acusación, pero con las filmaciones y los testimonios el juez Ramos dio por acreditado que se trata de la persona que dejó el explosivo casero.
En la causa primero habían sido detenidas otras dos personas pero luego fueron liberadas por falta de pruebas.
El juez Ramos dispuso el procesamiento con prisión preventiva, por lo que Kusy seguirá detenido. El magistrado entendió que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa porque el acusado no tiene domicilio en el que se lo pueda encontrar y porque tienen antecedentes y condenas penales que cumplió en la cárcel de Ezeiza.
El Partido Obrero pidió ser querellante en la causa, pero el juez rechazó el pedido.
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