El juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación de los hechos sucedidos el lunes en la Plaza del Congreso, le denegó la excarcelación a Sebastián Romero, el violento que atacó a la policía con un arma casera durante las protestas.

La decisión del magistrado contó con el respaldo de la fiscal Alejandra Mángano quien se había opuesto al pedido que hizo Romero a través de tu abogado defensor Mario Villarreal.

Torres, al negarle el pedido de exención de prisión mantiene vigente el pedido de captura que pesa sobre Romero, ex precandidato a diputado del Frente de Izquierda en Santa Fe.

La violenta agresión de Romero (Nicolás Stulberg)
La violenta agresión de Romero (Nicolás Stulberg)

En la resolución sobre Romero a la que accedió Infobae,  se explica que "​de esta forma, conforme las constancias reunidas en autos, se pudo constatar que durante la realización de los acontecimientos señalados, tanto el imputado como los demás sujetos que estarían involucrados, tuvieron a su disposición y utilizaron para concretar su cometido los siguientes elementos: armas de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con capacidad para producir explosiones y afines, como así también todo tipo de elementos contundentes".

Y agrega: "Y, en el caso concreto del causante, se acreditó el disparo de varias municiones mediante el uso de un arma de fuego de fabricación casera contra el personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual fuera difundido a través de los medios de comunicación pública".

En Partido Obrero habla de “persecución” y “criminalización”
En Partido Obrero habla de “persecución” y “criminalización”

La resolución indica además que a raíz de la agresión de Romero "se produjeron numerosas lesiones de distinta índole y gravedad a la integridad física de un considerable número de personas, entre ellos personal de la fuerza de seguridad actuante".

En tanto, y pese al ostensible accionar de Romero, el Partido Obrero realizó una insólita defensa del ex candidato al considerar que es víctima de "una criminalización".

En ese sentido, argumentaron que el prófugo padece una "operación burda" que busca "presentarlo como un violento".