Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron este lunes la elevación a juicio oral y público de la causa en la que se denuncian irregularidades en la adjudicación de obra pública por parte de la ex presidente Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, del empresario Lázaro Báez, y otra decena de personas.
Los fiscales consideraron cerrada la investigación y presentaron un dictamen al juez federal Julián Ercolini, pidiendo que la causa pase a un tribunal oral para el juzgamiento de los acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El planteo se suma al que ya habían hecho la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) para que el expediente se eleve a juicio. Ahora el juez pedirá opinión a las defensas sobre el cierre de la causa y el envío a juicio oral. Luego el Dr. Ercolini quedará en condiciones de resolver todos estos planteos.
Los fiscales también imputaron en esta misma causa a Carlos Kirchner –primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal–; a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional; al ex secretario de Obra Pública José López; y a Martín Báez, hijo de Lázaro Báez y directivo de las empresas del Grupo Báez.
En este proceso se investiga el direccionamiento de obra pública por parte del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner de forma irregular, con sobreprecios que beneficiaron a las empresas de Lázaro Báez.
Según un informe de Vialidad Nacional, las empresas del Grupo Báez recibieron 46 mil millones de pesos. El juez Ercolini procesó en diciembre del año pasado a los acusados, lo que fue ratificado en noviembre de este año por la Cámara Federal.
Esta es una de las tres causas en las que se investiga a la ex presidenta. Las otras son "Los Sauces" y "Hotesur", en las que la familia Kirchner recibió dinero por el alquiler de propiedades y hoteles de su propiedad de parte de los empresarios Báez y Cristóbal López, quienes fueron beneficiados con la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo.
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