Abrieron un sumario administrativo contra el fiscal que pidió que caiga Mauricio Macri

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenó abrir una investigación contra el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, por sus declaraciones polémicas sobre la estabilidad del gobierno de Mauricio Macri.

La procuradora dictaminó la apertura de un sumario administrativo contra el fiscal federal perteneciente a la agrupación kirchnersita Justicia Legítima por los dichos emitidos el 4 de junio en un programa radial. En ese entonces manifestó su deseo de que se termine de caer "el gobierno de Michel Temer" en Brasil y sugirió con ello sus intenciones de que ocurriera algo similar con Mauricio Macri en la Argentina.

Las palabras de Senestrari surgieron en el programa El Club de la Pluma, de Radio Inédita de Cosquín.

Durante su columna "La Justicia Rebelada", el fiscal afirmó: "Ojalá, ojalá pase, que por supuesto yo lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia, ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones. Y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe. Y que esto se extienda por toda la región".

Luego, mantuvo un diálogo con el conductor del espacio, Norberto Ganci, y se produjo una charla aún más polémica.

"Y si cae Temer, que se lo lleve en la caída de una manito, de un brazo, a Macri si es posible también", comentó Ganci. A lo que Senestrari completó: "A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas".

Senestrari también reclamó "que la sociedad reaccione de una vez" y que presente sus reclamos y quejas por todos los medios pacíficos posibles.

Las palabras del fiscal en la radio cordobesa calaron hondo en el propio seno del gobierno nacional. Así, el propio Ministro de Justicia, Germán Garavano, solicitó el 9 de junio la suspensión del magistrado y que se le abriera un proceso de remoción. Ante la falta de respuestas por parte de la procuración, el ministro insistió y en agosto solicitó un pedido de pronto despacho para que se resuelva la situación del fiscal federal.

La decisión de la Procuración responde a una presentación del titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, quien entendió que con sus palabras el fiscal había intentado incitar a la sociedad para conseguir el derrocamiento del presidente.

El acusado presentó en su momento un informe en el que intentó separar sus intervenciones en su rol de funcionario público de las referidas a su vida personal. Así, indicó que sus palabras fueron emitidas "a título personal, no funcional, y en pleno ejercicio de [su] libertad de expresión".

En el documento, con fecha de 2 de noviembre de 2017, la procuradora Gils Carbó entendió que "en una sociedad democrática los funcionarios están más expuestos al escrutinio y la crítica del público que los demás ciudadanos. Para que ello sea posible, sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Al asumir su cargo, los funcionarios se han sometido voluntariamente a ello. Y el sumario disciplinario es un modo de llevar a cabo dicho control que halla su fundamento en el sistema republicano de gobierno".

Y añadió: "En el presente caso no se encuentra en juego la libertad de expresión de un magistrado -Senestrari ha podido expresar sus ideas libremente— sino que lo que se someterá a discusión es el alcance de su eventual responsabilidad ulterior, al menos en este ámbito administrativo".

De tal manera, la procuradora general resolvió abrir un sumario administrativo contra Senestrari con el objetivo de "dilucidar la responsabilidad funcional" del magistrado. También se designó como instructor a Rafael Alberto Vehils Ruiz, titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, y fijó un plazo de 60 días para la producción de un informe final sobre el hecho.

La elección del fiscal de Catamarca por parte de Gils Carbó despertó una gran polémica. Es que el propio Senestrari y Vehils Ruiz compartieron durante años el grupo de fiscales coordinadores de Distrito, bajo la tutela de la procuradora.

Además, en septiembre de 2015, ese mismo grupo de fiscales de Distrito de la Nación impulsó la aplicación de un nuevo código procesal penal. En caso de haberse aplicado esas modificaciones, los fiscales de Distrito habrían dispuesto de la trascendental facultad de asignar fiscales para los diversos casos. Por eso, para Gils Carbó era muy importante contar con gente de su extrema confianza dentro de ese grupo.