Escándalo en la Defensoría del Pueblo: denuncian designaciones fantasma, contratos dudosos y ausencia de controles

Designaciones fantasma, contrataciones dudosas, viajes al exterior de personal inexistente, ausencia de controles y alquileres sospechosos de locales en el interior del país. El combo de irregularidades que se percibe hoy en la Defensoría del Pueblo de la Nación es extenso y escandaloso pero ya llegó a la justicia: el fiscal Eduardo Taiano acaba de exigir una investigación especial a este órgano estatal para impulsar acciones penales sobre los hechos denunciados por un grupo de empleados nucleados en el gremio estatal ATE.

Según la denuncia que elevó el fiscal del juzgado federal en lo Criminal y Correccional Número 10 a cargo de Julián Ercolini, a la que accedió Infobae, existe un amplio listado de irregularidades y casos de corrupción muy graves que alcanzan a la Defensoría del Pueblo.

Se trata de un órgano que desde el 2009 carece de una conducción real y que desde ese entonces está funcionando bajo mandatos interinos porque el Congreso aún no acordó la designación de un director. Desde el 2015, se encuentra a cargo de esta dependencia el subsecretario general Juan José Böckel, un hombre que responde al anterior interventor de ese organismo, el vicegobernador de Jujuy, el massista Carlos Haquim.

"Hay una situación de caos y de corrupción muy elevados que deben ser atendidos cuanto antes", expresó una de las fuentes consultadas para esta investigación que corroboró la existencia de graves denuncias. El 17 de agosto pasado se iniciaron las denuncias en la Fiscalía a cargo de Taiano. Un grupo de empleados de la Defensoría del Pueblo que está asociado al gremio ATE presentó en forma anónima un listado de irregularidades en el organismo. A partir de allí, la Fiscalía investigó el caso y el 4 de septiembre elevó un escrito exigiendo al juez que se inicie una investigación de las denuncias.

En el listado elevado al fiscal figura, por ejemplo, la designación de 7 agentes de la Defensoría del Pueblo en la localidad de Clorinda, en Formosa, a pesar de que allí no hay oficina alguna de ese organismo estatal. A la vez, en la delegación de Jujuy, que es una oficina muy pequeña y de escasa actividad, se nombraron a 10 personas. Los empleados de ATE entregaron a la Justicia una nómina de unos 60 empleados designados que cobran salarios elevados y carecen de actividad alguna. Según indicaron a Infobae fuentes de la Defensoría vinculados con la denuncia, muchos de estos empleados estarían vinculados al aparato político de Haquim de Jujuy.

Por otra parte, en la denuncia judicial a la que tuvo acceso Infobae hay designaciones cuestionadas en las oficinas de La Pampa, Río Negro y Córdoba. En algunas de estas provincias se alquilaron locales que no se usaron nunca. Y los viajes irregulares aparecen como un ítem aparte: por medio de la agencia "Clio Viajes" se pagaron pasajes de la Defensoría a personas que no están nombradas en ese organismo. El caso más escandaloso fue el de un viaje a Ginebra, Suiza.

Según la denuncia que elevó el fiscal Taiano, algunas de estas irregularidades comenzaron a detectarse durante la gestión de Haquim y continúan hoy con Böckel. Entre los requerimientos que elevó la Fiscalía para avanzar en la investigación figuran: que la AFIP informe el historial laboral de más de 20 empleados nombrados por la Defensoría; se le solicite al área de Recursos Humanos de ese organismo que informe sobre la designación de unos 40 empleados más; le pidió al área de Contabilidad y Finanzas del organismo estatal que informe de los contratos de locación  de los inmuebles establecidos en el interior del país y los convenios o contrataciones que hubo con la agencia "Clio Viajes", entre otras medidas.

Los denunciantes son un grupo de empleados de la Defensoría que se presentaron en forma anónima y el fiscal hizo lugar a sus presentaciones ya que eran muy concretas y con nombres y apellidos mediante.

Un funcionario de la Casa Rosada que está al tanto de la denuncia presentada expresó a Infobae sin vueltas: "Acá hay que investigar a fondo y el Presidente no va a dudar en pedir al Congreso que remueva e investigue todo lo que haya que investigar si es que hubo irregularidades en la Defensoría del Pueblo". Es que el titular de ese organismo y todo su funcionamiento presupuestario depende exclusivamente de la Comisión Bicameral del Congreso.

La presidenta de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, la senadora del PRO Marta Varela, dijo ante una consulta de Infobae que "si se comprueban estas denuncias pediremos informes al actual titular". A la vez, la legisladora destacó que desde la comisión que preside "hicimos muchos esfuerzos por volver a tener de nuevo una Defensoría funcionando a pleno y, como corolario de dicho trabajo, estamos cerca de lograr el consenso para tener una terna para designar un defensor o defensora".

En este sentido, Varela destacó que en dos ocasiones recibieron a Böckel en el Congreso para presentar los respectivos informes de gestión de la Defensoría. Pero en los resultados de esa comisión no parecen existir grandes avances al respecto: en la página web de la comisión no se registra evento alguno realizado este año y en la última actividad propuso para integrar el Comité de Lucha contra la Tortura a Alberto Luchetti. Desde esta comisión parlamentaria no se conoce, al menos públicamente, algún informe de gestión o auditoría de control de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo tuvo un rol muy activo cuando el peronista Eduardo Mondino presidió durante más de cinco años el organismo y se realizaron fuertes denuncias públicas. Esta institución actúa con plena independencia y autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. La Defensoría del Pueblo está facultada para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la producción de toda otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la investigación. A su vez, puede requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de toda la documentación que le hubiere sido negada.