
Alrededor de 1200 industrias están radicadas a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las cuales 220 fueron declaradas contaminantes y son objeto de constante estudio por parte de ACUMAR, el organismo a cargo de sanear el río. Pero ese número se podría incrementar luego de la publicación de una resolución que endurece los controles a las empresas.
"Estamos enfrentando el desafío de transformar lo que alguna vez se llamó 'el ícono de la contaminación', y lo estamos haciendo con acciones concretas que nos permitan resolver los problemas de la cuenca hoy, pero pensando en el mañana, de ahí la importancia de esta actualización normativa", señaló la presidenta del organismo, la ex interventora del SOMU Gladys González con relación a la Resolución Nº 46-E/2017 que establece un nuevo sistema de control de vertidos, controlando no solo la calidad de lo que las industrias vierten, sino también su caudal.
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Se trata de una materia pendiente que reclamó en 2015 tanto la Corte Suprema de Justicia como un cuerpo colegiado integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Vecinos de la Boca (AVLB), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace Argentina.
La nueva normativa, además, establece nuevas metas de calidad del agua superficial a alcanzar en el río, ya que profundiza la meta fijada por la resolución 3/2009 donde se fijaba la meta de lograr un uso apto para "actividades recreativas pasivas", e incorpora la meta de alcanzar en el mediano y largo plazo un uso "para actividades recreativas sin contacto directo", en la Cuenca media y baja, y de uso "apta para actividades recreativas con contacto directo en la cuenca alta".
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