
Una escribana de Santa Cruz declaró hoy ante el juez Claudio Bonadio para intentar explicar la maniobra que permitió la compra del chalet donde vive la ex presidenta Cristina Kirchner en Río Gallegos. La vivienda fue adquirida en 2009 por Negocios Patagónicos SA, la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner. Pero recién pasó a manos de Los Sauces en 2012. La escritura se hizo USD 250.000, aunque un año antes se había valuado en $200.000 (casi USD 50 mil).
La escribana Norma Abuin intervino en varias operaciones inmobiliarias vinculadas con la propiedad de Mascarello 441. En 2009, según su relato, el dueño de ese entonces se le vendió a la inmobiliaria de Sanfelice. Se realizó un boleto y un poder especial irrevocable para poder confeccionar la escritura más adelante, lo que se terminó concretando dos años después.
Siempre según su relato ante la Justicia, en noviembre de 2012 apareció en escena el contador de Cristina Kirchner, Victor Manzanares. "Me trae un instrumento privado celebrado entre Negocios Inmobiliarios SA a favor de Los Sauces SA que tenía la firma por el escribano Ricardo Albornoz", detalló Abuin, al tiempo que justificó su actuación a partir de ese momento.

Sobre el Reporte de Operación sistemático generado por la operación, contestó que en la localidad de Río Gallegos es una obligación de los escribanos "por estar en zona de frontera" y que "no tiene nada que ver con el reporte de operación sospechosa".
Sin embargo, no pudo explicar el incremento en el valor del inmueble. El fiscal Carlos Rívolo le preguntó si en 2012 le presentaron algún elemento que justificara el aumento. Su respuesta fue contundente: "No, no me presentaron".
La operación se concretó en 2012, cuando explotaron las inversiones de la sociedad Los Sauces. Solo ese año invirtieron 10 millones de pesos en inmuebles y terrenos. La sociedad se había creado en 2006 con tres socios fundadores, Máximo Kirchner (10% de las acciones), Cristina (45%) y Néstor (45%), aunque recién comenzó a comprar en 2009.
La empresa está intervenida desde diciembre por orden del juez Bonadio, lo que desplazó durante seis meses a Máximo y Florencia Kirchner de sus cargos.
En la causa ya declararon los hijos de Lázaro Báez (Luciana, Martín y Leandro). Los tres se desligaron de las maniobras. En la lista de indagatorias figuran el empresario patagónico; Cristóbal López; la hija de Alicia Kirchner, Romina Mercado; y la ex presidenta Cristina Kirchner, citada para el 7 de marzo.
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